Acuerdo para la ley que convertirá a los ‘riders’ en asalariados
El Gobierno, los sindicatos y la patronal han cerrado este miércoles un acuerdo para la ley que fijará la condición de asalariados de los denominados «riders», los repartidores de las plataformas digitales, que dispondrán de un plazo de tres meses antes de que la norma entre en vigor.
En un comunicado conjunto del Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se recoge que las tres partes se han puesto de acuerdo «para establecer la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales».
Por medio de un decreto ley de artículo único se modificará el Estatuto de los Trabajadores para fijar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.
Se reconocerá la presunción de laboralidad «de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital».
El apartado dos del artículo único del decreto ley contemplará que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
Esto último había sido un escollo durante la negociación, ante las reticencias de la patronal a desvelar el funcionamiento de los algoritmos usados por las plataformas digitales.
La norma concluye con una disposición final única que fija su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con esta ley se adapta al marco normativo la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció que la relación entre un repartidor y la empresa Glovo tenía naturaleza laboral, dado que la plataforma no es una mera intermediaria entre comercios y repartidores, sino que es la prestadora del servicio de reparto y fija las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio.
En los inicios de la negociación se planteó extender la norma a todo tipo de plataformas digitales cuyos trabajadores pudieran también considerarse como falsos autónomos, pero finalmente solo afectará a empresas como Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats que contratan como autónomos a repartidores a domicilio.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará mañana en rueda de prensa el contenido del acuerdo para la ley de los «riders» que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros.
En declaraciones remitidas a los medios, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha considerado que el acuerdo es un paso adelante en un camino que se inició con el objeto de seguir avanzando para regular las condiciones laborales de los trabajadores de todas las plataformas.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, lo ha calificado como un hito y un paso cualitativamente muy importante en la regulación de la nueva economía de plataformas, «que hasta ahora se había utilizado para precarizar el empleo» y que cree que se tiene que extender al conjunto de la relaciones que se dan en todas las plataformas digitales.
Lula: «Sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años»
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este miércoles que ha sido «víctima de la mayor mentira jurídica» en 500 años de historia de Brasil, en su primer pronunciamiento después de que un juez de la Corte Suprema anuló las condenas de cárcel que pesaban en su contra.
«Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó», afirmó el exmandatario en su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde la anulación de sus condenas y también la primera desde la irrupción de la pandemia.
El juez del Supremo Edson Fachin anuló el lunes todas las condenas contra el exmandatario por supuesta corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y abre la puerta a que eventualmente sea candidato en las próximas elecciones.
El exmandatario aseguró que no guarda rencor a nadie, pero señaló que la «presión» judicial en su contra aceleró el accidente cardiovascular que acabó provocando la muerte de su esposa, Marisa Letícia Rocco.
También recordó que las autoridades le impidieron acudir al entierro de su hermano Genival Inácio da Silva mientras estuvo en prisión, en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba (sur), donde estuvo recluido 580 días.
«Si hay un brasileño que tiene razones y muchos y profundos rencores soy yo, pero no tengo porque el sufrimiento por el que está pasando el pueblo brasileño, las personas pobres en este país, es infinitamente mayor que cualquier crimen que cometieron contra mí», manifestó Lula en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, su cuna política.
«No hay mayor dolor que levantarse cada mañana y no tener un café, un panecillo para el desayuno», añadió.
La anulación de sus condenas supone una victoria judicial sin precedentes para Lula, pues recupera sus derechos políticos y podría volver a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2022, a las que pretende presentarse el actual presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
El juez Edson Fachin anuló en concreto cuatro procesos. En dos de ellos Lula fue condenado a penas que juntas sumaban 26 años de prisión por delitos de corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, y por las que llegó a pasar 580 días en la cárcel, aunque luego fue liberado.
Fachin basó su decisión en que el tribunal de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, no tenía competencias para analizar esos asuntos, que a partir de ahora quedarán en manos de la Justicia federal de Brasilia.
En paralelo, la Segunda Sala del Supremo retomó en la víspera un juicio para determinar si Moro actuó de forma «parcial» en sus sentencias contra el líder del Partido de los Trabajadores.
La defensa de Lula denunció ante el alto tribunal una serie de «abusos» por parte del ahora exjuez durante las investigaciones, que según alegan, quedaron de manifiesto en los mensajes que intercambió con los fiscales de la Lava Jato y que fueron filtrados por el portal The Intercept en 2019.
Esas conversaciones sugieren que Moro, que después pasó a integrar el Gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, dirigió y coordinó los procesos en curso contra el ex jefe de Estado, lo que está prohibido por ley.
El PSOE presenta en Castilla y León una moción de censura que Cs rechaza
El PSOE de Castilla y León ha registrado este miércoles la primera moción de censura de la historia autonómica para tratar de desbancar al Gobierno presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco, aunque el partido que cogobierna con el PP, Ciudadanos, clave en la votación, ha avisado de que no prosperará al mantener la suma de 41 procuradores que da la mayoría absoluta a ambos partidos (29 del PP y 12 de Cs).
«Abandone toda esperanza», ha pedido en una rueda de prensa el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, en referencia al PSOE, que ha motivado la presentación de esta moción de censura por las «múltiples causas de corrupción» en más de 30 años del PP al frente de la Comunidad, el incumplimiento de acuerdos y la «absoluta pasividad y desconcierto» de la gestión de la crisis de la covid.
En el escrito que ha registrado en el Parlamento autonómico a las 14:41 horas, firmado por los 35 procuradores socialistas, el PSOE propone como candidato a la Presidencia de la Junta al burgalés Luis Tudanca, quien en los últimos días había anticipado que darían este paso cuando fuera en beneficio de los ciudadanos de la Comunidad y siempre y cuando tuviera apoyos para ganar.
Eso está por ver, dada la postura manifestada por el portavoz parlamentario en Castilla y León y también a nivel nacional por Edmundo Bal, quien ha rechazado «tajantemente» la posibilidad de apoyarla, aunque también ha vinculado el sostén al PP con la ausencia de corrupción.
Precisamente los socialistas ponen el foco en las «múltiples causas de corrupción política abiertas en los tribunales y sometidas a comisiones de investigación en las Cortes», tal y como han plasmado en su escrito, por lo que dejan abierta la puerta a esa vía para convencer a Ciudadanos.
Los socialistas han recordado que fueron la fuerza más votada en las pasadas elecciones autonómicas, aunque PP y Cs sumaron una mayoría absoluta con 41 procuradores (29 + 12) que aupó a Alfonso Fernández Mañueco (PP) a la Presidencia y a Francisco Igea (Cs) a la Vicepresidencia.
«Castilla y León necesita un cambio de rumbo capaz de generar confianza y esperanza en el presente y en el futuro» de la Comunidad, ha añadido el PSOE, cuyo líder autonómico ha comparecido en una rueda de prensa para defender la viabilidad de esta moción de censura, aunque de forma implícita ha reconocido que de momento no cuenta con los apoyos necesarios, aunque ha apelado a la discreción de sus movimientos. «Confío en que esta moción triunfe«, ha dicho.
No obstante, ha reconocido que los hechos acontecidos esta mañana -especialmente la convocatoria de elecciones por parte del PP en Madrid, a expensas de que se dirima si finalmente hay comicios o se debaten las mociones de censura registradas por el PSOE y Más País- han precipitado la presentación de una moción de censura de la que se llevaba hablando semanas en la Comunidad.
«Son ellos (PP) los que han tirado la bomba», ha expresado Tudanca, quien ha reconocido que si finalmente han registrado hoy la moción de censura ha sido para cortar un posible adelanto electoral, ya que «esos intentos también se estaban produciendo aquí», ha desvelado Tudanca.
El optimismo de Tudanca choca con la postura de los portavoces parlamentarios del PP y Cs en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz y David Castaño, quienes han comparecido en una rueda de prensa conjunta, como harán mañana Mañueco e Igea, para escenificar la estabilidad del gobierno de coalición y para ratificar que su pacto de gobierno sigue vigente.
«Tenemos absoluta confianza con Cs, un partido serio, responsable, coherente y consecuente con el pacto», ha planteado el portavoz del PP en una rueda de prensa, convocada a la conclusión del Pleno de las Cortes.
El portavoz de Ciudadanos ha descartado también que su partido vaya a promover cambio alguno en sus representantes dentro del Ejecutivo, con una mención expresa al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea: «él firmó ese acuerdo, su firma es mi firma y su voz es mi voz», ha resumido ante la pregunta de si su partido se plantea relevar a alguno de sus representantes.
Reacción de Mañueco
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado a través de un mensaje en las redes sociales que su «única preocupación» son las personas de Castilla y León.
«Mi única preocupación son las personas de Castilla y León, proteger su vida y su salud, favorecer la actividad económica y trabajar por el futuro de nuestra Comunidad», ha expresado el jefe del Gobierno autonómico a través de un tuit.
Las cuentas de la moción
Para que la moción de censura del PSOE prospere en la votación de las Cortes de Castilla y León los socialistas necesitan sumar a sus 35 escaños al menos seis, que pueden provenir de distintas vías, pero que necesitan inexcusablemente de al menos 1 procurador de Cs, en caso de que el PSOE convenciera al resto de partidos de la oposición, que ofrecen potencialmente cinco procuradores desde el Grupo Mixto.
Entre ellos figuran dos de Podemos que ya han confirmado que apoyarían este cambio, mientras que UPL (1) ha pedido esperar a conocer el proyecto socialista, y queda la incógnita de lo que harían Por Ávila (1) y Vox (1), que ha pedido la convocatoria de elecciones anticipadas y podría vincular su apoyo a la moción con la posterior convocatoria electoral.
De este modo, los apoyos que necesita cosechar el PSOE en Ciudadanos pueden oscilar entre uno y cuatro, en función de los procuradores del Grupo Mixto pudieran apoyar su iniciativa.
Se da la circunstancia de que en los últimos plenos de las Cortes de Castilla y León ha habido varias ausencias por enfermedad, algunos procuradores infectados por la covid, como es actualmente el caso del parlamentario de Ciudadanos José Ignacio Delgado, ingresado en la UCI del Hospital de Burgos.
Canarias y Baleares quedan fuera del cierre perimetral en Semana Santa
El Consejo Interterritorial de Salud ha acordado esta tarde las restricciones contra la covid-19 que se adoptarán en Semana Santa y en el puente de San José. Se ha dado luz verde al cierre perimetral de las comunidades autónomas, ,salvo Canarias y Baleares, donde estará limitada la entrada
Habrá limitación de movilidad en horario nocturno. El toque de queda se estable a partir de las 23:00 horas hasta las 6:00 horas, aunque las comunidades podrán adoptar un horario inferior. Además, se limitará las reuniones a 4 personas en espacios públicos cerrados y a 6 en espacios públicos abiertos. En espacios privados esos encuentros se limitarán a los convivientes.
Esas medidas se aplicará en el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de marzo en aquellas comunidades en las que sea festivo el día de San José -Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra y Galicia-, y desde el 26 de marzo al 9 de abril en el resto.
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha agradecido el esfuerzo de todos los consejeros para llegar a este «acuerdo de mínimos», al que las comunidades podrán añadir otras restricciones que consideren oportunas.
El acuerdo será publicado mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que supone que es de obligado cumplimiento
Madrid no cerrará
La comunidad de Madrid ha votado en contra y ha anunciado que no cerrará perimetralmente la comunidad, mientras que Cataluña ha anunciado que se ha abstenido.
El acuerdo establece además como recomendaciones la no celebración de eventos que supongan concentraciones de personas, que las comunidades no bajen de nivel de alerta -aunque sus indicadores sean positivos- en las dos semanas previas a la Semana Santa, y la coordinación con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
El cierre perimetral afectará a todas las comunidades y no contempla, como había sugerido Cataluña, el desplazamiento para visitar a familiares.
Supone asimismo que los turistas extranjeros no puedan moverse de la comunidad en la que aterricen. Darias ha recordado las restricciones que pesan sobre los visitantes extranjeros en función de su país de origen y la obligación de presentar una PCR negativa a la llegada o de hacer una cuarentena en algunos casos.
«Sólo se puede venir a España por razones de índole esencial, en las que no este el turismo», ha dicho Darias en relación a los viajeros de terceros países antes de señalar que la «limitación de un turista será la de cualquier español, si llega a un aeropuerto no se podrá mover entre comunidades autónomas».
La ministra de Sanidad ha explicado la decisión de incluir en el documento acordado esta tarde la mención a Baleares y Canarias en que su objetivo es «que no hubiera duda de que no es posible el turismo nacional».
«Que haya movilidad por su condición de archipiélagos, pero que en ningún caso pudiera haber movilidad por razón de turismo nacional», ha incidido Darias quien ha añadido que la entrada en las islas sólo se permitirá en las excepciones que regula el decreto del estado de alarma del pasado 25 de octubre.
Un tribunal desactiva las devoluciones inmediatas pasadas las 72 horas
Decenas de inmigrantes han sido detenidos las últimas semanas en Canarias para ejecutar las órdenes de devolución que se libraron contra ellos cuando llegaron en patera a Canarias, a veces hace varios meses, en una práctica que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife pone ahora en tela de juicio.
En un auto conocido este miércoles, la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por M.M., un inmigrante que llegó en patera a Canarias el pasado 25 de octubre y al que la Delegación del Gobierno pretendió expulsar a finales de enero siguiendo el procedimiento que venía siendo habitual: activando su primera orden de devolución.
El tribunal reconoce que la Ley de Extranjería determina que no es necesario tramitar un expediente de expulsión para quien ha entrado de forma irregular en España; en esos casos el inmigrante es formalmente «devuelto» a su país de origen, no expulsado.
Sin embargo, también recuerdan los magistrados que «cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión».
La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife subraya que, en este caso, la Delegación del Gobierno pretende deportar a su país a M.M. cuando ya han trascurrido casi tres meses desde que se ordenó su devolución; es decir, «transcurrido con creces el plazo de 72 horas que marca la norma y después de que el extranjero haya estado en libertad tras su detención para devolución».
El tribunal no acepta esa forma de proceder, sino que considera que, en casos como el de M.M., las autoridades deben tramitar un nuevo expediente de expulsión conforme marca la Ley de Extranjería.
En las últimas semanas, varios letrados que asesoran a inmigrantes en Canarias se han quejado de que, con frecuencia, se detenía a sus clientes para expulsarlos con carácter inmediato en un vuelo de deportación previsto para los días siguientes (hay cuatro a la semana desde Canarias a Marruecos) en ejecución de la orden de devolución que se libró contra ellos al llegar al archipiélago.
En ocasiones, los inmigrantes han sido arrestados y deportados tras acudir al aeropuerto con su pasaporte con el propósito de volar a la península, lo que ha servido para disuadir a muchos otros de intentar salir de Canarias por esa vía, aseguran sus letrados.
La propia Delegación del Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que las órdenes de devolución que pesan sobre todas esas personas casi desde el mismo momento en que bajaron del cayuco o la patera son ejecutables en cualquier momento.
El auto de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que establece este precedente y esta interpretación sobre cómo aplicar los mecanismos de devolución y expulsión tiene carácter firme, según aclara la propia resolución en su parte dispositiva
El Parlamento de Canarias designa a Santiago Pérez como senador autonómico
El pleno del Parlamento de Canarias ha designado este miércoles a Santiago Pérez como nuevo senador autonómico, a propuesta del PSOE, con el respaldo en votación secreta de 36 votos a favor y 9 en blanco, en una cámara de 70 diputados.
Santiago Pérez, actualmente concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, sustituye a Pedro Ramos como senador autonómico y se suma como representante de la Comunidad Autónoma en la Cámara Alta a Fernando Clavijo (CC-PNC) y Asier Antona (PP).
Santiago Pérez García no es nuevo en la Cámara Alta, donde ejerció como senador por la isla de Tenerife durante tres legislaturas entre los años 1990 y 2000.
Nació en La Laguna en 1954 y ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (1977-2017), ya jubilado.
Ha sido director general de Desarrollo Autonómico del Gobierno de Canarias, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente ejecutivo del Hospital Universitario de Canarias (1983-87).
Ha sido diputado en el Parlamento de Canarias ((1984-87 y 2003-2011), senador por la Isla de Tenerife en tres legislaturas (1990-2000), secretario general y vicesecretario general de la Agrupación de Tenerife del PSC-PSOE, miembro del Comité Federal del PSOE (1987-98) y, en distintas etapas, miembro también de la Comisión Ejecutiva Regional.
Hace nueve años abandonó este partido por discrepancias con la dirección regional, pero a finales del pasado año, su grupo político, Avante, con el que fue elegido concejal en La Laguna, se adhirió al PSOE.
Ayuso adelanta las elecciones para el 4 de mayo tras la confrontación con Ciudadanos
La ruptura entre PP y CS se produce tras la moción de censura al Gobierno de Murcia
Los populares han decidido romper con sus socios de Ciudadanos en Madrid después de conocer la moción de censura presentada en Murcia por Ciudadanos y el PSOE para echar del gobierno murciano a los populares, con más de 26 años de historia.
La moción podría celebrarse a partir del próximo lunes y va a venir acompañada de otras cinco mociones similares en los cinco ayuntamientos de la comunidad, que han sido confirmadas por el partido socialista. La moción pone en cuestión el resto de los acuerdos que mantienen actualmente el Partido Popular y Ciudadanos.
Especialmente donde las relaciones entre los dos socios son complicadas como Madrid y Castilla y León. A esta hora, la Presidenta de la comunidad de Madrid ha adelantado las elecciones para evitar que le pongan otra moción de censura, según ha adelantado Ignacio Aguado, su vicepresidente.
