Sobre cinco de ellas pesaban otras tantas órdenes judiciales de arresto
Vehículo del Cuerpo Nacional de Policía. Foto Web RTVC.
La Policía Nacional ha informado este lunes de que el pasado martes detuvieron a seis personas en Tenerife, tres hombres y dos mujeres. Todos ellos, con antecedentes policiales y sobre los que pesaban órdenes judiciales de detención en vigor, además de a otro hombre durante el curso de las actuaciones.
Cinco de las seis personas, de entre 18 y 57 años, fueron detenidas por tener una orden judicial de detención y presentación en vigor motivada. Principalmente, por su presunta participación en delitos contra las personas y el patrimonio.
Uno de los detenidos, un hombre de 31 años de edad, acumulaba dos órdenes judiciales de detención dictadas por diferentes juzgados tinerfeños.
Además, en el marco de los dispositivos establecidos, los policías nacionales procedieron a la detención de un hombre en el santacrucero barrio de Los Gladiolos.
27 gramos de hachís
En el control de sus efectos personales, los agentes le intervinieron 27 gramos de hachís, divididos en porciones preparadas, aparentemente, para su venta.
Los detenidos, junto a los atestados realizados al efecto, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, y se dio cuenta a los juzgados de los que procedían las órdenes, todos ellos de la isla de Tenerife.
Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife.
La zona en la que se encuentra la escuela es una de las de mayoría chií y hazara de la ciudad, lo que ha llevado a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) a reclamar al Gobierno más protección
Las autoridades de Afganistán han elevado este lunes a 85 los muertos por el atentado perpetrado el sábado contra una escuela femenina en la capital de Afganistán, Kabul, que se saldó además con más de 150 heridos, sin que por el momento haya reclamación de la autoría.
Fuentes de la oficina del vicepresidente segundo de Afganistán, Saruar Danish, han facilitado este nuevo balance del ataque contra el centro, situado en el barrio de Dasht-e Barchi, en declaraciones a la cadena de televisión afgana Ariana, sin dar más detalles al respecto.
El Ministerio del Interior afirmó el domingo que el ataque había dejado al menos 63 muertos y más de 150 heridos, si bien varios de ellos se encontraban en estado grave, por lo que no se descartaba que la cifra de víctimas pudiera aumentar.
La zona en la que se encuentra la escuela es una de las de mayoría chií y hazara de la ciudad, lo que ha llevado a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) a reclamado al Gobierno una mayor protección a la misma.
Más protección
Así, sostuvo que el Gobierno «tiene una obligación bajo el Derecho Humanitario de proteger a la población en riesgo de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, limpieza étnica o genocidio», antes de recordar que 40 estudiantes murieron en otro atentado similar en octubre de 2020.
«El Gobierno de Afganistán debe anunciar inmediatamente un plan de protección fundamentado en los Derechos Humanos para Dasht-e Barchi y el oeste de Kabul. Esto debe incluir planes para compensaciones colectivas», manifestó la organización.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, condenó el atentado y acusó a los talibán, al tiempo que decretó este martes como jornada de luto nacional en recuerdo a las víctimas, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.
En este sentido, manifestó que grupos «ignorantes» están detrás de estos ataques e incidió en que «los talibán deben ser conscientes de que no lograrán sus objetivos malignos a través de la guerra y de que si no dejan de lado la guerra serán más odiados por la población y serán suprimidos por las fuerzas afganas».
El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, condenó el sábado el atentado y dijo que «es la acción de círculos siniestros que operan en nombre de Estado Islámico y bajo las alas y cobertura de los servicios de Inteligencia de la Administración de Kabul».
Sanidad ha logrado la inmunización de 235.879 personas que ya han recibido en Canarias la pauta de vacunación completa, lo que supone el 12,61 por ciento de la población diana
Sanidad administra 730.898 dosis de vacunas contra la COVID-19
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado 730.898 dosis de vacunas contra la COVID-19. Hasta la jornada de ayer se había logrado la inmunización de 235.879 personas que ya han recibido en Canarias la pauta de vacunación completa, lo que supone el 12,61 por ciento de la población diana (1.871.033 personas).
Además, en el Archipiélago ya hay 490.041 personas que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna, es decir, el 26,19 por ciento de la población diana.
Desarrollo del calendario vacunal
El calendario vacunal va desarrollándose por los grupos de población diana a los que va dirigido y por vacuna disponible destinada a cada grupo de edad según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En este sentido, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud van avanzando con cada grupo poblacional según se va finalizando el anterior, priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad, sin que se paralice el proceso de vacunación en ninguna isla.
Cobertura por grupos
Tras la inmunización con dos dosis de los grupos 1 y 2 (los correspondientes a los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea), la vacunación continúa con el resto de grupos establecidos siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición.
Hay que destacar que el grupo 4, el de los grandes dependientes domiciliarios, está inmunizado el 92,73 por ciento con las dos dosis. En cuanto al grupo 5, ya hay 133.986 personas que han recibido las dos dosis, es decir, el 47,02 por ciento. Mientras que 246.819 han recibido al menos una dosis, el 86,61 por ciento.
El grupo 3 ya está al cien por cien con una dosis y al 30,43 por ciento con dos dosis; y grupo 6, al 34,34 por ciento con una dosis. Del grupo 7, en el que se incluye la población menor de 60 años con riesgo de padecer COVID-19 grave, hay 10.519 personas ya que han sido vacunadas con una dosis, el 59,31 por ciento de la población diana.
Vacunación docentes y policías locales
Ante el avance de la vacunación de los colectivos vulnerables y la llegada suficiente de dosis, la Consejería de Sanidad ha retomado las agendas de los grupos 3 (otro personal sanitario y sociosanitario no incluido en el grupo 2) y 6 (personal esencial en el que se incluyen, entre otros colectivos, a docentes y policías locales) y este fin de semana reanudó la vacunación del colectivo de docentes, bomberos y policías locales. La citación será como se venía realizando hasta ahora, en colaboración con la Consejería de Educación, Fecam y colegios profesionales.
Grupos de vacunación
En la última revisión de la Estrategia Nacional de Vacunación se establecen los siguientes grupos de vacunación y priorización:
Etapa I:
-Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.
-Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario (diferentes al grupo 1).
-Grupo 3. Otro personal sanitario y socio-sanitario (no incluidas en grupo 2).
-Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III) y cuidadores principales.
Etapa II:
-Grupo 5. Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores
-Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad
-Grupo 7. Personas con condiciones de muy alto riesgo. Trasplante de progenitores hematopoyéticos, transplante de órgano sólido y lista de espera para ello, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedades oncohematológico, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis, inmunodeficiencias primarias, infección con el VIH con menos de 200 cél/ml a pesar de TAR eficaz y carga viral indetectable y síndrome de Down con 40 y más años de edad.
-Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive).
-Grupo 9. Personas entre 51 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1970, ambos inclusive).
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias determina que los trabajadores públicos no tienen por qué sufrir las consecuencias de irregularidades que no les son imputables
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que el Servicio Canario de la Salud (SCS) continuará con el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018.
Los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestiman los incidentes de complemento de sentencia que se habían presentado por parte del Gobierno de Canarias y de una central sindical.
En uno de ellos se considera que los empleados públicos no tienen por qué sufrir las consecuencias de las irregularidades que no le son imputables.
Al respecto, el Servicio Canario de la Salud celebrará este miércoles una nueva reunión de la mesa sectorial de Sanidad. Esta ya había aprobado las bases de diferentes convocatorias públicas de empleo que afectan a 7.198 plazas de 60 categorías diferentes.
El desarrollo de la OPE de 2018 ha continuado su curso en las categorías de Enfermería, Matrona y Fisioterapeutas. Esto, tanto en lo que respecta a los procesos selectivos como al de los concursos de traslados, que se encuentran ya a punto de su resolución.
Según Sanidad se trata de una medida necesaria para contener los casos importados de coronavirus desde otros puntos del territorio nacional y mientras se acelera el ritmo de la vacunación
Sanidad prorroga hasta el 31 de julio el control de pruebas COVID-19 a viajeros nacionales
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha ampliado hasta las 24 horas del sábado 31 de julio la realización de cribados para contener la transmisión del SARS-COV-2 mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima.
Esta nueva prórroga es efectiva desde hoy, con la publicación de la Orden del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en el Boletín Oficial de Canarias de este lunes, y constituye de una medida necesaria para continuar con el control y contención de casos importados de coronavirus en viajeros procedentes de otros puntos del territorio nacional y mientras se acelera el ritmo de vacunación contra la COVID-19.
Desde su implantación, el 18 de diciembre de 2020, el cribado mediante PDIA a los pasajeros que entran a Canarias desde el territorio nacional ha sido una medida efectiva para el control de la pandemia, con un 87 por ciento de viajeros que han aportado una prueba negativa, lo que minimizado el riesgo de importación de nuevos casos y, por tanto, de provocar un incremento de la transmisión de la COVID-19 en Canarias.
Funcionamiento del dispositivo
Cuando un pasajero llega a Canarias procedente de otra región del territorio nacional, debe entregar un certificado de PDIA negativa en los puestos de control establecidos para tal efecto por la Consejería de Sanidad en los aeropuertos canarios que reciben vuelos nacionales.
Los viajeros que realicen transbordo de aeropuerto entre islas deben acudir al control del primer aeropuerto en el que desembarquen para presentar su certificado de prueba diagnóstica negativa. Los viajeros que no presentaron el certificado, o que el mismo no fue validado, quedan identificados, registrados y son emplazados a realizar aislamiento hasta obtener el resultado negativo de una prueba diagnóstica en destino.
Las pruebas diagnósticas de infección activa admitidas, a elección del pasajero,
son:
– PCR (RT-PCR de COVID-19).
– Test rápidos de detección de antígenos de SARS-CoV-2 con una especificidad demás del 97% y una sensibilidad de más del 80%, de acuerdo con la homologación correspondiente de un país de la Unión Europea o del espacio económico europeo.
– Amplificación Mediada por Transcripción (TMA). Prueba gratuita
La Consejería de Sanidad recuerda que la prueba diagnóstica, tanto en origen como en destino, será gratuita para los viajeros residentes en Canarias que procedan del resto del territorio nacional y realicen la prueba en los centros Eurofins Megalab concertados por el Servicio Canario de la Salud para tal efecto. En los restantes casos, el pasajero asumirá el coste de la realización de la PDIA, que tendrá un precio especial en los centros concertados por el SCS.
Documentación acreditativa de la prueba
La documentación acreditativa de la prueba deberá ser el original, redactada en español, en formato papel o electrónico y debe indicar el nombre del viajero, número de pasaporte o DNI, fecha de realización de la prueba, identificación y datos de contacto del centro sanitario autorizado que realiza la prueba, técnica empleada y resultado negativo de la prueba.
En el supuesto de pruebas de antígenos deberá reflejar asimismo la especificidad y sensibilidad homologada. Los interesados o los laboratorios, previa autorización expresa de los interesados, remitirán los resultados analíticos por vía electrónica al Servicio Canario de la Salud, a la dirección pdiasviajes@gobiernodecanarias.org, con anterioridad a su llegada a Canarias.
En los supuestos de autorización expresa para el tratamiento de datos, la remisión de los resultados será obligación de los laboratorios. En los supuestos en los que no se otorgue dicha autorización expresa, la remisión de los resultados será obligación de los interesados, que deberán remitir la documentación acreditativa de la prueba a la dirección de correo electrónico señalada, haciendo constar en el asunto del correo el número de vuelo o travesía y la fecha de llegada del mismo.
Solicitud del resultado en destino
La Consejería de Sanidad dispone de un operativo de puntos de control Covid-19 en los seis aeropuertos canarios que operan con vuelos nacionales en los que se solicita la acreditación del resultado de la PDIA. En el supuesto excepcional de que el pasajero no se hubiera realizado la PDIA en las 72 horas previas a la llegada, se deberá aislar en su residencia y realizarse una PDIA en las 72 horas siguientes a su llegada, debiendo remitir el resultado al SCS.
El aislamiento deberá mantenerse hasta la obtención y remisión de prueba diagnóstica negativa o, en su caso, el alta epidemiológica. Quienes no se realicen laPDIA, deberán guardar aislamiento en su residencia durante 10 días y quedan expuestos a la sanción prevista.
Las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes deberán informar a los pasajeros, en el inicio del proceso de venta de los billetes con destino a Canarias, de las obligaciones derivadas de la Orden.
Pedir cita previa en origen
Se recuerda que el SCS ha suscrito un convenio con una red de laboratorios con 68 sedes en todo el territorio nacional y hay que pedir cita para la realización de la prueba en el laboratorio más cercano al domicilio al que se vaya a acudir o en el 911 087 080.
El viajero deberá presentar en el momento de realizar la prueba los documentos acreditativos impresos (bono de la prueba descargable en la web, fotocopia del DNI o certificado de residencia y fotocopia del comprobante del vuelo a las Islas).
Los viajeros residentes en Canarias pueden consultar el listado de laboratorios con las direcciones y teléfonos y descargar el bono gratuito de la prueba, en la web. También puede consultarse el listado de centros disponibles, con sus direcciones y ubicación en el mapa nacional, en este enlace. No obstante, el pasajero podrá acudir a cualquier otro laboratorio fuera de la red conveniada que no quedará sujeto a subvención.
Exclusiones
Las medidas señaladas en esta Orden no serán de aplicación a los pasajeros en tránsito en un puerto o aeropuerto canario con destino final a otro país u otro lugar del territorio nacional. Tampoco serán de aplicación las medidas señaladas en esta Orden a aquellas personas que acrediten una reserva en un establecimiento turístico de alojamiento inscrito en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias, y estén sujetos el régimen de control de salud pública en la admisión a un establecimiento alojativo de acuerdo con el Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19.
El aislamiento durante las 72 horas previas a la realización de la prueba en Canarias no será aplicable cuando la urgencia del desplazamiento impida su realización, en los siguientes supuestos:
a) Los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que ejerzan ocupaciones críticas, incluidos los trabajadores sanitarios, en desplazamiento profesional.
b) Los trabajadores o proveedores de servicios de transporte, incluidos los conductores de vehículos de mercancías, que transporten mercancías para su uso en el territorio.
c) Los pacientes que viajen por razones médicas imperativas.
d) Asistencia o cuidado, por razones imperativas, a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
e) Los representantes públicos, diplomáticos, el personal de organizaciones internacionales y las personas invitadas por estas cuya presencia física sea necesaria para el buen funcionamiento de dichas organizaciones, los militares y lospolicías, los trabajadores humanitarios y el personal de protección civil, en el ejercicio de sus funciones.
f) Los trabajadores de mar que lleguen a Canarias de regreso de su campaña a bordo de un buque o en tránsito para embarcar o desembarcar.
g) Los tripulantes de los buques y aeronaves que realicen el tráfico de pasajeros o mercancías entre Canarias y otras Comunidades Autónomas o países.
Las labores de búsqueda se concentran en una finca en el municipio de Arucas donde efectivos de la UME están llevando a cabo movimientos de terreno con una pequeña excavadora
Rastreos en una finca de Arucas. Imagen Policía Nacional
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Policía Nacional iniciaban este lunes, 10 de mayo, un nuevo rastreo en la búsqueda de Juana Ramos, desaparecida en Gran Canaria en agosto de 2016. Las labores de búsqueda se concentran en una finca en el municipio de Arucas donde se están llevando a cabo movimientos de terreno con una pequeña excavadora.
La búsqueda de Juana Ramos nunca ha parado y en los últimos meses se ha producido la reanudación de las labores en la zona norte de la isla de Gran Canaria, tanto en el municipio de Santa María de Guía, en el Cenobio de Valerón, en Moya y en Arucas, como hace unas semanas en una finca de un amigo del principal sospechoso de la desaparición de Juana Ramos, Miguel Ramos, en estos momentos en libertad.
La finca que se rastrea ahora es la misma que lo había sido con anterioridad y que pertenece al amigo del principal sospechoso.
En la labores de rastreo participan distintas unidades de la Policía Nacional, como la Brigada Provincial de Policía Judicial o la Unidad de Guías Caninos. También trabajan en la zona un batallón de zapadores del Ejército de Tierra que ha retomado las labores de prospección en la finca en busca de pistas del caso.
Labores de rastreo
Finca de Arucas
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A finales del pasado mes de abril se procedió a realizar trabajos de rastreo en una finca ubicada en el paraje conocido como camino Hoya Olivares, entre el barranco del Pino y el de Lezcano, donde este lunes vuelven los trabajos de búsqueda.
El pasado mes de febrero diferentes unidades de la Policía Nacional, apoyados en esa ocasión por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), llevaron a cabo un dispositivo de búsqueda de pistas sobre Juana durante cuatro días en zonas de barrancos de Arucas y Moya.
Actualmente al frente del caso de Juana Ramos se encuentra la magistrada del Juzgado de Violencia de Género Número 2, María Auxiliadora Pérez, y durante el tiempo de esta investigación, que está bajo secreto de sumario, el principal sospechoso sigue siendo la expareja de Juana, que en un principio estuvo en prisión provisional y actualmente pesan sobre el mismo medidas cautelares.
Las islas consiguen un 15% de cuota de mercado y mejoran sus perspectivas de ocupación, según el portal de empresas turísticas TravelgateX
Vista de un complejo alojativo en Canarias. Foto Web RTVC.
Andalucía, Canarias y Baleares fueron las comunidades autónomas con más reservas de hotel durante la semana pasada, según los datos de la plataforma de transacciones electrónicas entre empresas turísticas TravelgateX.
En concreto, Andalucía representó un 28,8% de la cuota de mercado en cuanto a reservas, mientras que Canarias y Baleares tuvieron un 15,3% y 14,2%.
Por otro lado, Galicia, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia fueron las que menos volumen de reservas sobre el total en España, por debajo del 3%. Cataluña supuso el 11,6% y Madrid el 6% de la cuota.
Porcentajes
Según TravelgateX, Baleares (+29,5%), Castilla-La Mancha (+29,5%) y Cataluña (+28,7%) fueron las que más crecieron con respeto al mismo periodo del mes de abril. Andalucía ocupó el cuarto puesto, con un crecimiento de las reservas del 27,3%, mientras que Madrid fue quinto con aumento del 17%.
La demanda sigue siendo principalmente doméstica, dadas las restricciones de viajes en vigor todavía en los principales mercados emisores extranjeros.
Así, el 83,2% de las reservas procesadas la semana pasada por TravelgateX corresponden a viajes de personas residentes en España.
Los ingleses son los extranjeros que más reservan en España, con un 7,4% del total de las reservas, seguidos de portugueses (2,58%), alemanes (1,46%), franceses (1,43%) e italianos (1,08%).
Mayor antelación de las reservas
Las reservas con entre 15 días y mes de antelación suponen el 13% del total, las que se realizan con entre 1 y dos meses el 17,4%, las que se realizan hasta con tres meses de antelación un 14% y las que más aumentan son las que se hacen con más de tres meses vista que ocupan un 17,5% del total.
Las reservas de última hora pierden fuerza. Así las que se hacen con un día de antelación suponen el 10,78%, las realizadas con dos o tres días (de último minuto) un 6,7% y las que se realizan con una semana de antelación un 11,2%, Además otro 9% de los viajeros realizan las reservas entre 8 y 14 días antes de su viaje.
La distribución de las reservas según el número de noches reservadas sitúan la mayor parte de las reservas entre dos y cinco días. El 27% de los viajeros reservaron para una noche, el 20% para seis o siete noches y el 9% entre ocho y 14 noches. Solo un 0,5% reserva entre 15 y 21 días y un 0,16% más de 22 días.
Torres quiere saber si se aplica la resolución del domingo o se espera a la decisión que adopte el Tribunal Supremo ante el recurso del Ejecutivo
Ángel Víctor Torres, en el Parlamento este 27 de abril de 2021. Foto Web RTVC.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que este lunes se pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una aclaración del auto por el cual deniega mantener el toque de queda y el cierre perimetral. El mandatario quiere saber si se ejecuta ya o se espera a la decisión que adopte el Tribunal Supremo ante el recurso que se presentará.
En declaraciones a Cope recogidas por EFE, Torres ha indicado que el gobierno regional mantiene el toque de queda porque interpreta que en el auto del TSJC no se aclara si hay que ejecutar la decisión de este tribunal.
Ha explicado que en el caso del País Vasco el tribunal superior de esa comunidad autónoma sí deja claro que entra en vigor lo acordado por los jueces, que también han denegado que se mantenga el estado de alarma.
Situación sin precedentes
Torres ha señalado que se está en una situación sin precedentes y el fallo no es firme, por lo que el ejecutivo canario quiere saber si hay que ejecutarlo «desde ya» o hay que esperar a la decisión del Tribunal Supremo.
A juicio del presidente de Canarias era «obvio» que debería haber una etapa de transición al finalizar el estado de alarma decretado por el gobierno central. Pero ha añadido que también hay que tener en cuenta que ha habido muchas dificultades para sacar los estados de alarma: Se oponían algunos partidos que ahora piden mantenerlo.
Torres ha opinado que el gobierno de España, ante las peticiones de las comunidades autónomas, debería buscar mecanismos para responder a la nueva situación.
Mantener unas semanas
Y ha señalado que es partidario de mantener el toque de queda durante unas semanas hasta aumentar los porcentajes de vacunación, para también reiterar que es un error, «que se va a pagar» que haya quienes confundan el fin del estado de alarma con que ha terminado la pandemia.
Ha recordado Ángel Víctor Torres que hay contagios y que las UCI tienen alta ocupación, por lo que pedido que se mantengan algunas restricciones, a la vez que ha reconocido que la sociedad canaria, de forma mayoritaria, está de acuerdo.
UGT apoya
Por otra parte, UGT Canarias ha informado este lunes de que apoya el recurso del Ejecutivo canario. Este sindicato considera en un comunicado que es necesario mantener las restricciones de entrada y salida en el archipiélago para las islas en nivel 3 y 4, al igual que el toque de queda.
Según UGT Canarias, prima la salud y la seguridad de los canarios y canarias, siendo el criterio sanitario el que debe prevalecer y, a partir del cual, se deben estructurar el resto de acciones de control que eviten la propagación del virus.
«Entendemos que las limitaciones tienen repercusiones económicas que afectan directamente al mercado laboral. No obstante, consideramos que es necesario mantener la cautela para lograr que la recuperación de los sectores claves, como son turismo y hostelería, sea verdadera y no responda a un momento puntual», ha aseverado.
El país africano ha registrado 12 sequías y 19 inundaciones desde 1990, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
Al menos 25 personas han muerto, entre ellas catorce niños, a causa de las lluvias torrenciales registradas durante la última semana en varias zonas de Somalia, que han dejado además cerca de 25.000 desplazados, según los datos facilitados por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La misión del organismo en Somalia ha indicado que «las informaciones apuntan a que al menos 25 personas han muerto a causa de las lluvias torrenciales, entre ellas nueve niños en Banadir cuya casa se vio inundada». Asimismo, siete desplazados internos murieron en esta misma provincia por el derrumbe de su vivienda.
Asimismo, las lluvias han provocado inundaciones en Hargeisa, situada en Somalilandia, lo que ha «afectado temporalmente a algunos desplazados internos que viven en refugios de poca calidad». La OCHA ha destacado que la situación ha dejado a más de 2.150 personas sin hogar.
Las tormentas han afectado también a la región semiautónoma de Puntlandia, donde tres personas han muerto a causa de un rayo, mientras que más de 1.250 cabezas de ganado han muerto ahogadas tras ser arrastradas por las aguas.
Aumentan los desastres climáticos
«Somalia está en la línea de frente del cambio climático y la frecuencia de los desastres climáticos está aumentando rápidamente», ha advertido la OCHA, que ha recordado que el país ha registrado 12 sequías y 19 inundaciones desde 1990.
En este sentido, ha hecho hincapié de que «a fecha de abril, más del 80 por ciento del país experimenta condiciones moderadas o graves de sequía tras las lluvias entre octubre y diciembre, por debajo de la media, y un enero más caluroso de lo normal».
«Pese a las fuertes lluvias que han golpeado parte de Somalia, han llegado demasiado tarde para la temporada de siempre, lo que incrementa las ya significativas preocupaciones sobre la seguridad alimentaria» en el país africano, ha remachado el organismo a través de su nota.
Las acusaciones y las defensas terminan de exponer sus informes finales y los darán a conocer en la jornada de este lunes
El extesorero del PP Luis Bárcenas (C) sentado en el banquillo de los acusados durante la primera sesión del juicio de los «papeles de Bárcenas». EFE/Ballesteros
El tribunal que juzga al extesorero del PP Luis Bárcenas por el presunto manejo de una caja B en el partido prevé dejar el juicio visto para sentencia esta semana. Ello, una vez que las acusaciones y las defensas terminen de exponer sus informes finales, que darán a conocer a partir de hoy.
La semana pasada lo hicieron la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que mantuvo su petición de 5 años de cárcel para Bárcenas. Esto pese a haberse mostrado colaborador con la Justicia poco antes del inicio de la vista. La versión del extesorero le genera «dudas» y «cautela» debido a sus distintas explicaciones.
El recién designado número 2 de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, dejó claro, no obstante, que tiene la «convicción» de que los llamados papeles de Bárcenas, que reflejan esa caja b, son «reales». Lo apunta tanto por los manuscritos como por los que entregó él después en formato digital.
Pagos en negro
Como el fiscal, la Abogacía del Estado también considera acreditado que parte de las obras de la sede del PP en la calle Génova se pagaron en negro, principal acusación en este juicio. Hay indicios que «evidencian fuera de toda duda» que la empresa que estuvo al frente, Unifica, ingresó cantidades que no declaró. También se basó en apuntes a nombre del arquitecto y acusado, Gonzalo Urquijo, que aparecen en los papeles de Bárcenas.
Tras ellos, el tribunal escuchará a partir de este lunes los informes finales de las seis acusaciones populares personadas en esta causa. Entre ellas, IU, ADADE y Observatori DESC, que la semana pasada anunciaron la modificación de sus conclusiones provisionales.
Reducción de petición de condena
Observatori DESC redujo su petición de condena para Bárcenas al aplicarle, al contrario que el fiscal, la atenuante de arrepentimiento tardío por su «voluntad de cooperación». Otras acusaciones rebajaron la que solicitaban para el exgerente del PP Cristóbal Páez al eliminar algún delito por el que se le acusaba.
También Izquierda Unida, que propició la apertura de esta causa, retiró algunos delitos como el de organización criminal, por el que acusaba a Bárcenas y a Páez, para cambiarlo por el de asociación ilícita.
Las defensas también harán lectura de sus informes pidiendo la absolución de sus patrocinados, según anunciaron en sus conclusiones definitivas, como la del PP, que pidió que no se considere responsable civil subsidiario al partido por los pagos.
