Los más de 500 euros de media por menor que conlleva el gasto escolar este año demuestran, para la Federación de AMPAS Galdós de Gran Canaria, que la educación pública no es gratuita
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El inicio del curso escolar en Canarias supone un importante esfuerzo económico para las familias con un gasto «que supera los 500 euros por alumno«. Para la Federación de AMPAS Galdós de Gran Canaria, esto demuestra que el sistema educativo público en realidad no sea gratuito. Lo advierte en una entrevista a EFE la presidenta de la Federación de AMPAS Galdós de Gran Canaria, Marian Álvarez.
Material y libros gratuitos
«La Constitución garantiza una educación pública, que además es obligatoria» y que, sin embargo, «no es gratuita», afirma Álvarez. Señala que no habría «por qué pagar los libros ni el material que sea preciso para esa educación gratuita».
La presidenta agrega que las ayudas públicas actuales son insuficientes y excluyentes, debido al límite de renta que se ha establecido para acceder a ellas. Opina que «hay que estar en una situación económica muy vulnerable para tener derecho a estas ayudas» que, además, «no cubren todos los libros».
También denuncia que hay gastos del sistema educativo público que siguen recayendo en los hogares, lo que se conoce como ‘copagos‘: «Cuando los centros entregan los listados del material que el alumnado debe llevar al inicio de curso, se incluyen paquetes de 500 folios, servilletas, papel higiénico, jabón o rotuladores para las pizarras».
Pagos «voluntarios»
«Las familias estamos proporcionando el material que debería tener el propio colegio», apunta Álvarez, una situación que se da tanto en los públicos como en los concertados y que se suma a otros requisitos como las aportaciones mensuales voluntarias en los colegios concertados, «que son de más de 100 euros».
La responsable de la federación insular detalla que estos centros se han visto obligados a especificar que el pago es voluntario ante las denuncias y quejas de las familias, pero que muchas de ellas se siguen sintiendo juzgadas o presionadas para pagar ante la posibilidad de que la decisión repercuta en sus hijos en el colegio.
«Incluso en la escuela pública hay centros que te cobran una matrícula«, denuncia Álvarez, pese a que «no existe esta tasa en los presupuestos generales del Estado» y, aunque el trámite se realice en línea, «muchos centros te siguen cobrando el sobre de matrícula».
Las familias aportan 15 millones anuales
La presidenta subraya que desde la federación han estimado que las familias aportan unos 15 millones anuales al sistema a través de los copagos, excluyendo de este cálculo lo que aportan las AMPAs como organizaciones, que han pagado «espacios de sombra y fuentes de agua en los patios e incluso obras e infraestructuras en los colegios».
Ante esta realidad, llevan tiempo solicitando a la Consejería de Educación «que se aporten los 15 millones» para esas inversiones, o que se registre cuánto dinero están aportando las familias al sistema, tanto a nivel individual mediante el copago como de forma colectiva, y «que alguien audite si se está gestionando bien en las cuentas de los centros el dinero con el que contribuyen los padres y madres».
La presidenta lamenta que las familias se ven «completamente desamparadas», ya que las AMPAs presentan todos los años las pruebas, «pero nadie hace nada al respecto».
Un mayor coste con la digitalización
Frente a estos gastos, los padres y madres buscan soluciones para asumir el regreso a las aulas: «lo que más ha crecido es la venta de segunda mano«, explica Álvarez al señalar que es una manera en la que las familias pueden recuperar parte de la inversión del año anterior y obtener los libros de texto de ese año a un precio más asequible.
Sin embargo, esta estrategia no es aplicable para las licencias de libros digitales, donde «pagas prácticamente lo mismo que por un libro en papel, pero la licencia digital solo te sirve para el año de la compra», mientras que el libro físico puede reutilizarse varios años más, ya que «cuando el consejo escolar o el claustro elige un libro, tiene una vigencia establecida de cuatro años, en los que no se puede cambiar».
La representante escolar considera que la digitalización supone un mayor coste para las familias, que también deben comprar el dispositivo, y cuestiona su impacto pedagógico, alegando que se utilizan los dispositivos como meras pantallas de lectura, lo que «no responde a su objetivo como enseñanza digital».
En este inicio de curso afirma que «hay mucha incertidumbre» y denuncia que muchos centros no entregan los listados de material hasta septiembre, impidiendo que las familias se puedan organizar para distribuir los gastos.
Álvarez concluye que «hay muchos frentes abiertos ahora mismo» y reclama «que alguien le ponga el cascabel al gato» para garantizar la gratuidad real de la educación pública en Canarias.
