Sumar plantea una ayuda de 200 euros al mes por hijo a cargo, dirigida a todas las familias
El Gobierno de España defiende el avance en la lucha contra la pobreza infantil mediante la implementación de medidas como la prestación universal por crianza. Sumar aboga por implementar una ayuda de 200 euros mensuales para todas las familias con hijos, una propuesta que los ministerios de Sumar negocian con su socio de Gobierno en los presupuestos generales del Estado.
Con motivo de la declaración institucional firmada en el Consejo de Ministros por el Día Internacional de la Infancia del próximo 20 de noviembre, el Gobierno detalla que trabaja para avanzar en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia. El objetivo es garantizar que cada niño y niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad.
El ejecutivo estatal ha señalado que «la desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia», haciendo hincapié en que ningún menor «debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional». Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego resaltan la propuesta de Sumar de aprobar la prestación universal por crianza. Consistiría en una ayuda de 200 euros al mes por hijo a cargo y estaría destinada a todas las familias, para dejar de lado el actual modelo asistencial y reducir la tasa de pobreza infantil a la mitad.
Reforzar la protección de la infancia y adolescencia
El Gobierno ha subrayado la necesidad de acordar un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil que una «al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto».
Entre las medidas planteadas, también se hace alusión a la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia (LOPIVI), que ya se encuentra en negociación dentro del Gobierno. Asimismo, se alude al proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, cuyo trámite ya se encuentra en el Congreso de los Diputados.
También se destaca la necesidad de luchar «contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables». El ejecutivo considera necesario avanzar en los derechos de la infancia y adolescencia «sin distinción o discriminación», teniendo en cuenta «a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables».
