Gobierno canario y Fecam promoverán la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para otorgar de más competencias a los municipios para poder regular el mercado inmobiliario
El Gobierno de Canarias, en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), promoverá una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para dotar a los ayuntamientos del archipiélago y de toda España de herramientas legales para regular el mercado inmobiliario.
Ambas instituciones han acordado crear una mesa de trabajo y consensuar la reforma de varios artículos de dicha ley para, a continuación, trasladar la iniciativa al ámbito de las conferencias sectoriales y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con vistas a su aprobación en las Cortes Generales.
Limitación de compra para no residentes
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha explicado que este procedimiento irá en paralelo al emprendido en el ámbito comunitario para poder establecer algún tipo de limitación a la compra de vivienda en las islas por parte de no residentes.
Lo que se pretende con esta modificación de la Ley de Bases de Régimen Local es replicar lo que ya está en marcha en ciudades como Hamburgo, Berlín o Amsterdam en materia de vivienda vacía, de residencia, de empadronamiento o en materia fiscal.
Ha concretado que en Hamburgo, por ejemplo, se abre la posibilidad de expropiación de una vivienda cuando permanece vacía durante cuatro meses.
También ha deslizado que en varias ciudades europeas para poder comprar una vivienda se exige una residencia mínima en el país de cinco años, o bien pasar más allí la mitad del año fiscal.
«Hay muchos ejemplos por toda Europa y al final se trata de copiar las mejores prácticas», ha proclamado.
Opina Clavijo que esta modificación legislativa «no tendría ningún grado de complejidad y dotaría a los ayuntamientos de un mayor margen de maniobra a la hora de poder establecer sus propias políticas demográficas», a la vez que «aliviaría mucho problemas como el del acceso a la vivienda».
Evitar la especulación
Serviría, también, para evitar la especulación en municipios saturados y para fijar población en la denominada ‘España Vaciada’, ha ahondado.
En definitiva, lo que se haría es dotar a los municipios de la posibilidad de que ejerciten o no esta competencia, para que «en un momento determinado no dependan de lo que diga un gobierno, un cabildo o el Estado», y ha puesto como ejemplo la tasa turística de pernoctación en Mogán, recurrida por el Gobierno central.
En ningún caso, ha proseguido el presidente de Canarias, se va a «condicionar y sobrecargar más» a los ayuntamientos.
«La idea es pasar a la acción. Todos coincidimos en el diagnóstico, en los caminos de solución», ha indicado Fernando Clavijo, a quien le consta que «a todos los municipios de España les van a interesar tener esos instrumentos», en tanto en cuanto «tenemos un grave problema» en el acceso a la vivienda.
Ampliar competencias municipales
La presidenta de la FECAM, Mari Brito, ha saludado la iniciativa del Gobierno de Canarias de modificar varios artículos de la Ley de Bases de Régimen Local «para ampliar competencias de los municipios en materia de ordenación urbanística, turística, tributaria y de empadronamiento».
Preguntada por la viabilidad de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, Brito ha indicado que «habrá que ver si es una limitación, si una regulación… se trata de que los ayuntamientos sean actores principales a la hora de contar con herramientas legislativas en las que poder actuar», ha resumido.
En la reunión celebrada este martes en la sede de la Presidencia, que ha calificado de «muy productiva», los municipios le han trasladado a Clavijo aquellas enmiendas a la ley de regulación del alquiler vacacional que la Consejería de Turismo no ha acogido en el texto que se tramita en el Parlamento.
La Fecam insiste en la necesidad de evitar la duplicidad de competencias entre ayuntamientos y cabildos y que se clarifiquen los criterios de aplicación de la ley de actividades clasificadas porque no existe como tal el alquiler vacacional.
Brito ha advertido de que «la disparidad de criterios técnicos», como en la tramitación de las solicitudes de consolidación, «puede propiciar que la aplicación de la ley sea desigual en los municipios y eso genere inseguridad jurídica».
