La asociación investigada por tráfico ilegal de animales, localizada en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, exportó 482 perros entre enero de 2021 y octubre de 2022
La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) investigó el 1 de marzo a la presidenta
de una asociación por un delito continuado de falsedad documental. La asociación falsificaba los certificados de exportación y los presentaba ante las autoridades del Reino Unido para exportar 482 perros desde la localidad de Agüimes, en Gran Canaria, al Reino Unido de enero de 2021 a octubre de 2022.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos en noviembre de 2022 a raíz de una denuncia interpuesta por el Coordinador Regional del Servicio de Sanidad Animal del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de Canarias. En la denuncia se informaba que su homólogo en el Reino Unido (APHA) le había traspasado una información al estar investigando la entrada en el Reino Unido de perros procedentes de Gran Canaria, por la dudosa autenticidad de los certificados oficiales presentados por la asociación investigada, pudiendo verificar que dichos certificados no habían sido realizados por el Servicio de Sanidad Animal, según informa un comunicado de la Guardia Civil.
Desde 2021
Los agentes, tras tener conocimiento de los hechos acontecidos, llevaron a cabo todas las gestiones pertinentes para el esclarecimiento del ilícito penal, procediendo a verificar cómo desde enero de 2021 a octubre de 2022 dicha asociación había exportado al Reino Unido 482 perros solicitando a las personas adoptantes un importe económico alrededor de unos 542 euros por los gastos de atención de los animales y traslado.
Asimismo, se realizó una inspección conjunta con la Técnico Veterinaria de la Dirección General de Ganadería en las instalaciones que posee la asociación investigada en el municipio de Agüimes. Las instalaciones contaban con una gran cantidad de animales de diferentes especies (141 perros, 3 cerdos, 8 cabras, 7 equinos, 5 ovejas y 30 gallinas), careciendo de registros de entrada y salida de animales ni de recogida de cadáveres por parte de empresa gestora autorizada.
Además, carecía de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), indicando la presidenta de la Asociación investigada que la mayoría de los perros proceden del Albergue Insular de Bañaderos y de los CETA de los municipios de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes.
Cabe destacar que los agentes localizaron a cuatro cadáveres de perros con microchip semienterrados en el terreno anexo a las instalaciones de la asociación.
Cuatro cadáveres de perros
Los investigadores realizaron la verificación de los pasaportes comunitarios de los perros. En uno de ellos, los agentes comprobaron que el sello de la campaña de vacunación antirrábica obligatoria y la etiqueta correspondiente a la identificación de la vacuna se recortaron de otro pasaporte y pegado con cinta adhesiva.
Por tanto, al tratarse de movimientos comerciales intracomunitarios de animales vivos, se está sujeto a cumplir las normas zoosanitarias establecidas para evitar la extensión de enfermedades potencialmente transmisibles al hombre y a otros animales. Además, se requiere que las instalaciones cumplan la legislación vigente y estar autorizada a tal efecto, no siendo el
caso de esta asociación al no encontrarse inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias.
Con esta práctica introdujo en el Reino Unidos unos 482 perros obteniendo con ello unas aportaciones económicas que podrían rondar los 265.000 euros. Las diligencias pasaron al Juzgado de Guardia de Telde.
