Se administraría una tercera dosis para los mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y sociosanitarios y otras personas especialmente vulnerables
La Comisión de Salud Pública estudiará la tarde de este martes si administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 60 años. También a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y a otros usuarios de centros distintos a las residencias especialmente vulnerables.
Los directores generales del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas analizarán la propuesta de los expertos de la ponencia de vacunas. Una propuesta para dar un refuerzo a los sexagenarios y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de los centros de atención primaria y hospitalaria.
En el orden del día también tienen la cuestión de aplicar esta tercera dosis a personas internas en centros sociosanitarios y sanitarios. Centros diferentes a las residencias de mayores, como centros de discapacidad.
Pfizer o Moderna para la tercera dosis
De aprobarse, todos ellos recibirán una inyección de Pfizer o media de Moderna, también el colectivo de personas de 60 a 69 años que en su inmensa mayoría recibieron en su día una doble pauta de AstraZeneca.
Hasta la fecha, el refuerzo está destinado en España a los mayores de residencias y a los de más de 70 años que no viven en estos centros. Se administra al menos seis meses después de la segunda, un plazo que se reduce a la mitad, tres meses, para todas las personas que han sido vacunadas con Janssen.
Las personas de muy alto riesgo por estar en situación de inmunosupresión por patologías subyacentes o sometidas a ciertas terapias inmunosupresoras, reciben una dosis adicional. Sin embargo se hace para completar su pauta, ya que podrían tener una respuesta inmune inferior a la de la población general.
Semáforo covid
Al margen de la tercera dosis, Sanidad y comunidades tienen pendiente de aprobación la actualización del denominado semáforo covid. En el borrador que discutieron la semana pasada, los técnicos de la ponencia proponían suavizar las cifras de incidencia. Las cifras con las que se mide el nivel de riesgo y flexibilizar las restricciones en los escenarios con transmisiones más bajas.
En el debate del Ministerio y las comunidades también colea el pasaporte covid que reclaman varias autonomías. Por ahora se pide en Baleares, Cataluña y Galicia para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno. Sin embargo la Xunta lo requiere también para visitas a hospitales.
Después de que una de sus principales defensoras, Euskadi, haya visto este lunes como el Tribunal rechazaba su intención de exigirlo en negocios de hostelería, las voces que claman por un criterio único se intensifican para evitar la disparidad que se ha producido en otras ocasiones.
Distintos casos
Por ejemplo, en Aragón, donde quieren exigirlo en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos, el Tribunal Superior de Justicia considera que esta medida podría incurrir en un «vicio de inconstitucionalidad» . Por ello ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar antes alegaciones.
En Andalucía abogan por requerir este documento en hospitales y residencias, aunque también esperará a lo que digan sus jueces.
Y en Madrid, que emplaza a Sanidad a liderar la implementación de esta medida, apuestan por usarlo. No como en otros países de Europa si no de forma más selectiva, como en la hostelería o determinados eventos.
Navarra enviará al Tribunal Superior de Justicia para su ratificación su aplicación entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022.
También La Rioja consultará esta misma semana a su Tribunal Superior. Lo hará antes de adoptar una decisión sobre el documento sanitario. Pretende saber si es posible exigirlo o no y si supondrá una mejora en el índice de vacunación o para los establecimientos y para las personas.
