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El Congreso aprueba este martes la Ley de Memoria con Carmen Calvo fuera del Ejecutivo

La protección y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura constituye el sustento del entramado jurídico de la norma que el Ejecutivo lleva ahora al Parlamento

La Ley de Memoria Democrática llega este martes al Congreso
Pedro Sánchez y Carmen Calvo en el Congreso

La nueva Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos legislativos que con más ahínco defendió la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, hasta su salida del Ejecutivo, se aprueba este martes una semana después de su sustitución en Presidencia por el nuevo ministro Félix Bolaños.

Se trata de una nueva norma que pretende mejorar y ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, y cuyas carencias ha querido subsanar el Ejecutivo con una reforma que ha tenido un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.

Porque han pasado diez meses desde que en septiembre de 2020 el Consejo de Ministros diera su visto bueno, en primera lectura, al anteproyecto de ley. El borrador fue sometido a dictámenes no vinculantes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también a audiencia pública, un trámite de especial interés para las asociaciones memoralistas y representantes de las víctimas.

Proyecto de Ley de Memoria Democrática

Así, el proyecto que hoy avala el nuevo Gabinete de Sánchez es el resultado de las modificaciones sumadas al anteproyecto, entre ellas algunas sugeridas por el CGPJ, como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco, o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.

El «vilipendio» a las víctimas sería un elemento a añadir para garantizar la constitucionalidad de estas medidas, según había advertido en su dictamen el órgano de gobierno de los jueces.

Porque la protección y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura constituye el sustento de todo el entramado jurídico de la norma, que el Ejecutivo lleva ahora al Parlamento con la idea de recoger las aportaciones que puedan hacer los grupos parlamentarios, sobre todo los de izquierda.

Desde la derecha, Vox ya ha anunciado que, sin ni siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

Entre tanto, las asociaciones memorialistas opinan que la nueva norma se queda corta y por ello tratarán de influir en las formaciones parlamentarias para cambiar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado.

Medidas

Con un amplio abanico de preceptos, que van desde la anulación de los juicios represivos del franquismo hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos de la dictadura, los términos del proyecto abordan algunos de los aspectos más cruciales que han definido las políticas de memoria.

Como el impulso a las exhumaciones de restos de los represaliados o la transformación del Valle de los Caídos, una vez que Franco ya no está en el mausoleo, en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos de la contienda.

Igualmente prevé dotar al Tribunal Supremo de un fiscal de Sala para proteger los derechos de las víctimas e impulsar la investigación de los crímenes del franquismo.

Se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados «lugares de memoria democrática».

También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.

Se incluyen además previsiones en el ámbito educativo para incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.

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