El Cabildo de La Palma ha asumido competencias en construcción de vivienda pública y contará con 24 millones del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias aprobó el pasado lunes el Decreto de Vivienda Pública específico para La Palma. Una norma que otorga al Cabildo palmero competencias en construcción de vivienda pública, así como 24 millones de euros para su ejecución con el objetivo de paliar el problema habitacional del Valle de Aridane tras la erupción.
En una declaración conjunta de la Consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, el viceconsejero para la recuperación de La Palma, Pedro Afonso, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, han explicado las diferencias entre el Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, y el recientemente aprobado específico para la Isla Bonita.
La consejera de Presidencia ha asegurado que el enfoque del Gobierno regional es el de “aportar un plus» para La Palma en la legislación que se elabore, recordando que el Decreto específico cuenta con un “plan de choque” de vivienda protegida para el Valle de Aridane.
19 parcelas cedidas
Además, los ayuntamientos han cedido un amplio número de terrenos al Gobierno de Canarias para la construcción de viviendas protegidas, pasando de 4 a 19 parcelas.
En esta línea, la consejera de Presidencia ha afirmado que algunas de estas parcelas han tenido que ser recalificadas a través del Decreto desde un uso rústico, urbano no consolidado o en asentamiento rural para que tengan un uso residencial.
Por otro lado, una de las prioridades del plan de choque de vivienda para el Valle de Aridane es garantizar que las personas que llevan años esperando una vivienda protegida no se vean relegadas en las listas, según ha asegurado la consejera.
Por su parte, Rodríguez ha expresado su agradecimiento por el apoyo y la comprensión mostrada por la Consejera de Presidencia ante la situación que enfrenta la isla, destacando que “las soluciones que no se dieron con el primer decreto se han ido dando en cada uno de los posteriores”.
31 millones de euros para la construcción de vivienda pública y protegida
Además del respaldo financiero del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma contribuye con otros 7 adicionales para este propósito, lo que suma un total de 31 millones disponibles para la construcción de viviendas públicas y protegidas en la isla.
En el resto de municipios de la isla, la construcción de vivienda protegida correrá a cargo de las empresas públicas Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda, a los que los distintos ayuntamientos también han cedido terrenos.
