La consejera de Presidencia afirma que todas las viviendas comprometidas ya están pagadas y advierte de que el futuro del campo palmero depende de la llegada de las ayudas agrícolas.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha hecho balance de las ayudas entregadas a los afectados por la erupción de La Palma. Además, ha denunciado el retraso en la llegada de las partidas destinadas al campo palmero.
En declaraciones a De La Noche Al Día de La Radio Canaria, Barreto ha asegurado que todas las viviendas comprometidas ya están pagadas y que existen 420 licencias preparadas para nuevas construcciones. Sin embargo, ha advertido de que aún no han llegado los 100 millones de euros destinados a la reconstrucción de fincas agrícolas, una ayuda “fundamental para la supervivencia del sector platanero”.
“Nos jugamos que no haya fincas sembradas en La Palma y que quienes se dedican a eso no tengan de qué vivir. No hablamos de una carretera o de una vía de riesgo, que son fundamentales. Los 100 millones van íntegramente a pagar fincas, la mayoría de plátanos”, ha subrayado.
La consejera explicó también que las personas que no puedan acceder a una vivienda por falta de compensaciones suficientes podrán optar a alguna de las 74 viviendas que el Ejecutivo ha adquirido y que estarán disponibles en régimen de alquiler asequible.
«El Estado tendrá que financiar la Policía Canaria»
Barreto se refirió, además, a la situación de la Policía Canaria. La consejera ha confirmado en La Radio Canaria que, una vez el cuerpo supere los 300 agentes, solicitará al Estado su financiación, como ocurre con otras policías autonómicas.
“Estoy convencida de que el Estado tendrá que financiar. ¿Cuándo? No lo sé. En España hay cuatro policías autonómicas y en Cataluña, País Vasco y Navarra están financiadas por el Gobierno de una forma u otra. La Policía Canaria tiene que ser financiada igual”, apuntó Barreto.
El Ejecutivo regional, señaló la consejera, se ha marcado como objetivo «cerrar la legislatura con 600 agentes«, que estarán distribuidos en las comisarías insulares de todo el Archipiélago.
