Olga Sanfiel alerta del “peligro” de paralizar licencias urbanísticas en los ayuntamientos

La presidenta de FEPECO advierte de que el bloqueo de obras pone en riesgo empresas, empleo y el acceso a la vivienda, aunque valora el decreto de agilización del Gobierno canario como una herramienta “poderosa”.

Entrevista íntegra a Olga Sanfiel, presidenta de FEPECO, en La Radio Canaria.

La presidenta de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, FEPECO, Olga Sanfiel, ha advertido hoy del impacto que puede tener la paralización de licencias urbanísticas en los ayuntamientos de Canarias.

Según ha señalado en una entrevista en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, con Estíbaliz Pérez, cuando un expediente se bloquea “en las puertas de un ayuntamiento”, las consecuencias afectan no solo a la construcción de viviendas, sino también a la supervivencia del tejido empresarial vinculado al sector.

Sanfiel ha asegurado que “hay muchas empresas pendiendo de un hilo muy fino”, y ha subrayado que el frenazo administrativo puede derivar en un “grave problema” económico y social.

La dirigente empresarial ha reconocido que el decreto ley de agilización de licencias urbanísticas aprobado por el Ejecutivo regional supone una herramienta “poderosa” para acelerar procedimientos, aunque considera que la norma “hace aguas” en algunos aspectos.

Olga Sanfiel alerta del “peligro” de paralizar licencias urbanísticas en los ayuntamientos / Foto: La Radio Canaria.

Falta de diálogo con los ayuntamientos

Entre las principales críticas, ha destacado la falta de diálogo con los consistorios, al entender que son las administraciones locales las que “dibujan su territorio”, pero que no han sido suficientemente partícipes en el proceso de elaboración y aplicación de la medida.

Por ello, Sanfiel ha defendido la necesidad de desarrollar este trabajo “de forma conjunta”, para así «evitar el rechazo de los ayuntamientos» y facilitar la implantación efectiva de las medidas de agilización.

Asimismo, ha reclamado “más seguridad jurídica para los funcionarios de carrera”, ya que son quienes asumen la firma y la responsabilidad final de las licencias urbanísticas. En este sentido, ha apostado por crear “una mesa de diálogo” en la que quede claro que “la responsabilidad es compartida”.

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