Instituciones y expertas de la magistratura sugieren que se modifique la legislación para evitar que los condenados accedan a subvenciones
Expertas de la magistratura abogan por un cambio en la legislación que otorga las ayudas públicas. Un cambio en la Ley General de Subvenciones que impida que los condenados por violencia de género accedan a las ayudas públicas.
Entienden que si se legislara para que las instituciones tuvieran acceso a los antecedentes penales de los solicitantes de subvenciones públicas, se podría evitar que condenados por delitos violencia de género accedan a subvenciones públicas. Una idea que actualmente se lleva a cabo con otro tipo de delitos
Esta idea ya se había planteado, pero ha cobrado fuerza tras lo sucedido hace unas semanas y tras la reflexión de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que retiró sus ayudas La Fábrica de La Isleta. Decisión que se produjo darse a conocer que el director de dicha empresa tenía dos condenas por violencia de género.
Actualmente, la única restricción que existe para acceder a las ayudas públicas en la Ley General de Subvenciones es no tener una condena por sentencia firme por delitos de índole económicos. En concreto, por prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes o delitos urbanísticos.
