La Asociación de Memoria Histórica pide que la antigua prisión de Paso Alto de Tenerife se declare Lugar de la Memoria Democrática, por haber protagonizado momentos de la represión franquista en Canarias
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha iniciado el trámite contemplado en el artículo 50.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, para que la antigua prisión de Paso Alto, en Santa Cruz de Tenerife, sea declarada Lugar de la Memoria Democrática.
Cárcel de figuras de la II República
Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la asociación, recuerda que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática trajo consigo la creación de un Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática.
Según expresa la norma, se trata de «espacios, inmuebles, parajes o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática».
En este sentido, explica en una nota que Paso Alto fue el espacio elegido por la dictadura para alojar a algunas de las figuras más señeras de la II República, tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936.
En las celdas de Paso Alto estuvieron presos como el último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Schwartz o el Gobernador Civil, Manuel Vázquez Moro, ambos detenidos a las pocas horas del 18 de julio de 1936.
Historia de la prisión
El 13 de octubre a Vázquez Moro lo fusilaron junto a otros responsables republicanos. Su cuerpo arrojado a la fosa común número 6 del patio 7 del Cementerio Lastenia de Santa Cruz. Por su parte, Schwartz fue desaparecido.
A lo largo de los primeros años del franquismo, Paso Alto se usó tanto para procesos judiciales del régimen como para alojar a decenas de presos. Muchos de ellos eran militares o miembros de las fuerzas del orden leales a la legalidad republicana, caso de los procesados en la ‘Causa 50’ de 1936.
Según las investigaciones de Pedro Medina Sanabria, en 1937, Paso Alto tenía empadronados a 65 presos procedentes de otros municipios.
«Es una paradoja que este censo de presos estuviera firmado por Francisco La Roche, como alcalde accidental, que todavía da nombre a una de las principales vías de la capital, incumpliendo la Ley de Memoria de 2007″, señala.
Schwartz indica que este espacio es uno de los pocos lugares de represión que aún perdura en la capital tinerfeña, tras la desaparición de espacios como Fyffes, el Cuartel de Caballería o la prisión provincial ubicada de forma provisional en la calle San Miguel.
La presidenta de la asociación recuerda que llevan más de siete años explicando la importancia de ese espacio y solicitando que se tome este acuerdo y que el espacio de Paso Alto tenga el papel que merece en la memoria colectiva, «como un lugar que ayude a explicar y entender lo sucedido en esos años, además de poner en valor y dignificar a las víctimas de estos abusos».
«Romper con el pasado franquista»
Pérez Schwartz recuerda también que en la capital quedan pocos ejemplos como este de las prisiones franquistas, al haberse derruido Fyffes y la prisión de mujeres del Toscal, o al desguazarse los barcos prisión que se ubicaron en el puerto capitalino.
La asociación cree que es necesario «romper con el pasado franquista» y dotar a la ciudad con un centro que permita interpretar y conocer lo sucedido, poner cara a las víctimas y donde las asociaciones puedan desarrollar actividades divulgativas y culturales ligadas a la memoria democrática.
«Tal y como contempla la ley, como entidad de la memoria hemos solicitado a la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que realice este procedimiento para su declaración», subraya.
En manos del ayuntamiento
Desde la asociación esperan que el Gobierno municipal, actual titular de este bien inmueble, dé pasos también para cumplir con los acuerdos alcanzados en el pasado y recogidos en el informe elaborado por profesionales de reconocido prestigio, a la hora de cumplir con una parte de la legalidad que hasta ahora se resiste.
Así, entiende que esta decisión sería «una oportunidad para mejorar las condiciones actuales de Paso Alto y de avanzar en una de las claras asignaturas pendientes de Canarias».
