La Ley busca dotar de seguridad jurídica a las universidades populares para que su actividad cultural y divulgadora no encuentre obstáculos para su puesta en marcha
Todos los grupos del Parlamento de Canarias han respaldado en comisión el dictamen de la proposición de Ley de Universidades Populares de Canarias, que blindará a las mismas, así como a Radio Ecca gracias a una enmienda que se incorporará al texto definitivo.
 
El proyecto de ley, pendiente de su aprobación definitiva en el pleno del Parlamento, señala la necesidad de una regulación específica ante el crecimiento exponencial en el ámbito no reglado de la educación adulta y «la madurez» alcanzada por proyectos socioculturales y comunitarios que se sitúan en el marco de la educación permanente.
Uno de sus principales objetivos es dotar de seguridad jurídica a las universidades populares para que su actividad cultural y divulgadora en el ámbito de las administraciones locales no encuentre obstáculos para su puesta en marcha.
Además, persigue «dar un reconocimiento expreso a una realidad histórica, social y cultural, así como al papel de los ayuntamientos en todo lo relacionado con la promoción, el apoyo, la difusión y el disfrute de la cultura». También, establecer sistemas de reconocimiento y acreditación de las competencias y habilidades adquiridas por los ciudadanos de cada municipio.
Primeras universidades en Canarias
En Canarias, las primeras universidades populares de la época de la restauración democrática se crearon en la década de 1980: la de Puerto del Rosario, la de Puerto de la Cruz y la de Las Palmas de Gran Canaria.
Durante los años siguientes, el proceso de creación y desarrollo de universidades populares en el archipiélago ha tenido un auge notable de la mano de la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP).
Una entidad creada por los propios ayuntamientos que, a través de acuerdos con la Fecam, algunos cabildos y las dos universidades públicas de Canarias, ha firmado convenios con 28 ayuntamientos para la creación y desarrollo de las universidades populares y para la formación de los responsables de la gestión cultural, participación ciudadana y universidades populares en los diferentes municipios.
La unanimidad ha sido la tónica de una sesión en la que la única excepción ha sido el rechazo de las enmiendas de Vox en las que se solicitaba una alusión explícita a la cultura y las tradiciones canarias «como parte del patrimonio común de todos los españoles», según ha defendido sin éxito el diputado Nicasio Galván.



 
 
 
 
