La Fiscalía acusa al responsable de la creación empresas pantalla insolventes para eludir los pagos a la Seguridad Social
El responsable de una empresa de catering en Tenerife, acusado de fraude a la Seguridad Social, atribuye esta acusación al mal asesoramiento recibido su momento.
La Fiscalía y la Tesorería de la Seguridad Social le reclaman seis años de cárcel y el pago de una multa de 1,4 millones. Aunque la deuda se fija en unos 2,6 millones, sería en ejecución de sentencia cuando se podría concretar la cantidad exacta.
Creación de empresas
El fraude habría consistido en conformar tres empresas. La central contaría con los servicios de los trabajadores contratados por las otras dos, creadas con apenas un mes de diferencia. No contaban con patrimonio y por ello no se le podía reclamar pago alguno, según la Fiscalía.
El acusado alegó que en su momento llegó a un acuerdo verbal con responsables de la Seguridad Social para aplazar la deuda de 600.000 euros, pero que el organismo estatal lo incumplió.
Como cuestión previa, la defensa alegó que la causa debía abordarse en un Juzgado de lo Penal y no en la Audiencia. También planteó que el presunto delito ya habría prescrito. Las alegaciones se rechazaron “de plano” por la acusación particular y la Fiscalía. Según el Tribunal, en todo caso, estas se estudiarán en ejecución de sentencia.
Procedimiento de 12 años
El procesado dijo que desde que comenzó la inspección de sus empresas ha pasado “los peores 12 años de mi vida, he perdido a mi familia, dinero y vivo de una pensión”.
Negó que los operarios de las dos sociedades, según la Fiscalía “pantalla”, trabajaran para la principal. Aclaró que siempre quedaron perfectamente separadas las funciones de cada una. Dichas entidades se dedicaban a labores de limpieza y de distribución de las comidas que elaboraba la central.
Tras la muerte de su padre en 2008, se convirtió en el responsable de hecho y de derecho de las entidades fundadas a partir de 1991. Estas se repartían también entre otros dos hermanos.
Las empresas ya estaban en una mala situación financiera. Por ello, solicitó un crédito de medio millón de euros avalado con su patrimonio, a lo que unió un préstamo personal por 150.000 euros.
Tras intentar reflotarlas, el 5 de septiembre de 2012 reunió a los trabajadores y les puso al tanto de lo que ocurría, aunque se muestra satisfecho de haber conseguido que 700 empleados conservaran sus puestos de trabajo al pasar a depender directamente de los colegios.
Ha asegurado que constantemente fueron auditados, pero que nunca se celebraban juntas, no está seguro de si se pagaba el impuesto de sociedades, pero sí de que las cuentas se depositaban en el Registro Mercantil.
La crisis, según sus palabras, se debió a que al trascender la mala situación que atravesaban perdieron hasta un 40% de clientes, mientras que mantuvieron la misma estructura de empleados, a la vez que la llegada de otras empresas hizo que sus precios fueran tan bajos que ya no eran competitivos.
Ha recordado que en su momento elaboraban hasta 14.000 comidas diarias y contaron con cientos de trabajadores.
Acusaciones
Según las acusaciones, las otras sociedades eran “huecas y vacías”. Se limitaban a suministrar mano de obra para hacer posible el negocio familiar. Sin embargo, no tenían bienes ni activos para asumir las deudas que correspondían a la primera entidad. Los impagos recaían sobre las dos últimas, sin ningún tipo de patrimonio, insolventes en la práctica. Aunque los operarios pertenecían a la principal, extremos negados por el acusado, durante la vista.
Según la Fiscalía, las empresas acumularon deudas con la Seguridad Social por traspasar los trabajadores de una entidad a otra.
