Desde el Gobierno afirman contar con la seguridad jurídica para poder redactar las cuentas públicas, incluso si el Senado tumba la senda de estabilidad
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha sido convocado este lunes once por el Gobierno con el objetivo de informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad. Todos los consejeros de las distintas CCAA han asistido con excepción de Cataluña. De esta manera se ha avivado el debate e incomodidad ante el reparto de los recursos públicos. Por lo que se han escuchado peticiones de reforma del sistema de financiación.
Los objetivos de estabilidad servirán de referencia para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. La consejera de Hacienda, Matilde Asián asistirá por parte de Canarias.
Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de la senda de estabilidad, que se debe tener en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada comunidad.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero (techo de gasto), como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes Generales. Estas se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos.
Condicionado por Europa y el Senado
En esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años en suspenso por la pandemia. Existe la incertidumbre de lo que sucederá en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto. A pesar de ello, desde el Gobierno aseguran contar con la seguridad jurídica necesaria para redactar las cuentas, incluso si se rechaza la senda en el Senado.
La reunión del CPFF coincide con el día en el que finaliza el plazo para que los distintos centros gestores de los Ministerios remitan a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas para el proyecto presupuestario, una ley que el Gobierno quiere llevar cuanto antes al Congreso. Eso sí, dado que no habrá nuevas cuentas antes del 31 de diciembre, habrá que prorrogar las de este año hasta que puedan aprobarse las de 2024.
