Rodríguez carga contra Batet a la que acusa de haber modificado la pena impuesta de inhabilitación por una de pérdida del escaño
El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha solicitado este martes ante el Tribunal Supremo la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia. Una sentencia que lo condenó por atentado a agente de la autoridad a los efectos de no privarle de la tutela judicial efectiva. Lamenta que ya «se encuentra en ejecución sin que se haya esperado a que transcurriese el plazo legalmente previsto. Un plazo para la interposición del preceptivo incidente de nulidad previo al recurso de amparo».
Además, en el escrito se explica que en caso de que no se acepte esa suspensión de la ejecutoria, que paralizaría su inhabilitación, se inste y se advierta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a que proceda a su ejecución en los términos en que viene establecido en la sentencia «sin que pueda realizar ninguna modificación de la pena impuesta».
Cabe recordar que el Supremo condenó al ya exdiputado de Unidas Podemos a la pena de prisión de un mes y quince días. Lo hizo como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014. Con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
La condena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En la sentencia, el Alto Tribunal resolvió sustituir la pena de prisión por la pena de multa de 90 días. Con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).
Retirada del acta de diputado
Batet decidió el pasado viernes proceder a retirar el acta de diputado a Rodríguez para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo. Lo hizo después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigiera un oficio a Batet. En él le pedía que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado canario.
Este mismo lunes, Rodríguez enviaba un requerimiento a Batet. En cuatro preguntas le solicitaba que aclarara el motivo por el que procede su sustitución como diputado. Concretamente «sin procedimiento previo alguno» para privarle de su escaño, y si esa decisión ha sido «personal».
Con este nuevo escrito, la defensa reprocha ante el TS que Batet haya transformado, siendo «una autoridad no judicial», la pena impuesta en una nueva. Una medida mediante la cual «se le priva de su escaño en el Congreso de los Diputados».
La cautelar ante el TC
Si bien fuentes de la defensa decían que pedirían ante el TC como medida cautelar que le devolvieran el escaño mientras se resuelve sobre el fondo, la realidad es que ya en este escrito avanzan que lo harán.
Ante el TS indica la defensa que cuando se llegue a dicha sede constitucional «parece claro que se estaría hablando de una tutela cautelar aparente y no real porque la pena se habría ejecutado íntegramente y el daño (…) sería ya irreparable».
Consideran que la decisión de Batet de retirarle el acta se ha tomado «con evidente invasión de competencias y desapego al principio de separación de poderes» y considera que la «perdurabilidad en el tiempo» de la sentencia es «dudosa» teniendo en cuenta los votos particulares y los derechos en juego.
La lesividad de la pena
A lo largo del escrito de 25 páginas, la defensa de Rodíguez incide en que Batet «se ha arrogado» la potestad de sustituir la pena de inhabilitación por otra de «privación del acta de diputado» que «no está prevista en el ordenamiento penal y es de mayor intensidad», y denuncia que lo hizo siguiendo la petición de Vox. «La pena impuesta y la ejecutada ni son lo mismo ni conllevan la misma lesividad», indica.
Al hilo lamenta que a la hora de adoptar «ilegalmente» la decisión de retirarle el acta, Batet no tuviera en cuanta sus derechos fundamentales ni el principio de proporcionalidad.
