El objetivo de esta consulta pública es adaptar la normativa actual de entrada y salida de documentos para todas las oficinas de registro
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha abierto una consulta pública sobre la elaboración de un proyecto. Se trata del sistema de presentación y registro de documentación y las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. De esta manera los ciudadanos podrán dar ideas sobre cómo desean que funcione el sistema de entrada y salida de documentación.
La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, explica que la normativa que regula el sistema de recepción y salida de documentos de la Canarias debe adecuarse a lo establecido en la legislación básica estatal. Esto supondrá una nueva organización del sistema de entrada y salida de documentos de esta Administración Pública. Además, con ello, las oficinas de registro se convertirán en oficinas de asistencia en materia de registros.
La actualización normativa regulará las oficinas de asistencia en materia de registro. Esto es una garantía para personas que no disponen de los medios o conocimientos para relacionarse electrónicamente con la Administración. De esta forma estas personas recibirán una atención más personalizada y específica.
¿Dónde y hasta cuándo se puede presentar la documentación?
Ahora se abre un trámite de consulta pública previa para que todas aquellas personas que lo consideren oportuno, ya sea a título personal, o como organización, entidad o asociación, puedan hacer llegar su opinión hasta el próximo 24 de agosto en este enlace.
Esta iniciativa pretende regular estas oficinas conforme a su nuevo papel, orientado a la ciudadanía. Además así se mejoran continuamente los procesos para apoyar a las personas en la realización de sus trámites administrativos, de forma homogénea en todas las oficinas. De esta forma se evita cualquier discriminación en el acceso a los servicios públicos.