Una inspección rutinaria destapa un cultivo de marihuana en el sur de Tenerife

La Policía Nacional y la Inspección de Trabajo desmantelan un cultivo de marihuana durante una redada contra el empleo irregular

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desplegaron recientemente un dispositivo de control en un polígono industrial del sur de Tenerife. Esta operación conjunta forma parte de las estrategias habituales para combatir el empleo irregular y el fraude en las cotizaciones sociales, asegurando que las empresas cumplan con la legalidad vigente.

Una inspección rutinaria destapa un cultivo de marihuana en el sur de Tenerife
Parte de la marihuana incautada | Policía Nacional

Durante el despliegue, los efectivos inspeccionaron un total de nueve establecimientos que daban cobijo a diez empresas distintas. En el transcurso de las verificaciones, los funcionarios identificaron a 21 trabajadores para comprobar su situación contractual y administrativa, buscando detectar posibles vulneraciones de los derechos laborales.

Un hallazgo inesperado

La sorpresa saltó en uno de los almacenes registrados. En ese lugar, los agentes detuvieron al titular del negocio como presunto autor de un delito contra la salud pública. En el interior del recinto, los policías localizaron 12 plantas de cannabis. También, un complejo equipamiento técnico que incluía sistemas de riego automáticos y lámparas de luz destinados a maximizar el rendimiento del cultivo ilegal.

Más allá del ámbito penal, la inspección técnica también arrojó resultados negativos para la estabilidad de los trabajadores. Los funcionarios detectaron a una persona en situación irregular y observaron numerosas y graves deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales. Detectando un peligro directo para la integridad física de la plantilla.

Ante tales irregularidades, la Inspección de Trabajo requirió formalmente la corrección de los fallos de seguridad. Igualmente exigió las correspondientes responsabilidades administrativas a los empresarios infractores. Este tipo de actuaciones refuerzan la vigilancia sobre el orden social y garantizan que las empresas compitan en igualdad de condiciones bajo el marco de la ley.

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