El Gobierno canario, además, para facilitar el acceso a la vivienda ofertara a los inquilinos una bonificación del 50% sobre el precio de referencia del inmueble
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la primera de las resoluciones del nuevo Decreto de Medidas de Acceso a la Propiedad de Viviendas Protegidas para inquilinos que lleven más de 25 años viviendo en ellas. De esta medida podrán beneficiarse en esta primera convocatoria 1.486 familias.
Actualmente en Canarias se estima que un total de 10.500 familias llevan de alquiler en promociones de vivienda pública desde antes de 1996. Ellas se podrán ver favorecidas por las distintas convocatorias que se prevén realizar durante el año en aplicación de este Decreto, que entró en vigor el pasado mes de enero, según ha informado la Consejería de Obras Públicas en nota de prensa.
En la primera resolución se les ofrecerá la opción de adquirir la propiedad a 853 unidades familiares en la provincia de Las Palmas y a otras 633 en la de Tenerife. Una vez publicada en el BOC, los técnicos del ICAVI ofertaran las viviendas protegidas de promoción pública a cada adjudicatario que contará con un plazo de 12 meses para formalizar su solicitud.
Facilidades para acceder a la vivienda
Además la Consejería con el fin de facilitar el acceso a la vivienda ofertara a los inquilinos una bonificación del 50 por ciento sobre ese precio de referencia y el 50 por ciento restante que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.
Asimismo los que quieren acceder a la propiedad deberán cumplir unos requisitos. Uno demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, también que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia es propietarios de ninguna otra vivienda, además se requiere estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, también haber satisfecho el 35 por ciento de las cuotas facturadas correspondientes al alquiler de la vivienda o el 50 por ciento del precio de venta de la misma, y por último que la vivienda se encuentre asegurada como mínimo contra incendios y riesgos catastróficos.
Para la aplicación del decreto se ha diseñado una convocatoria trimestral este año hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto, que son los que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991).
Este decreto incorpora una novedad «importante» que permite aglutinar todos los anteriores de acceso a la propiedad tramitados en la Comunidad Autónoma Canaria, permitiendo que se pueda ofertar la venta de los grupos de viviendas o unidades de ellas y que, una vez concluida una oferta, pueda volver a ofertarse, simplificándose «notablemente» el procedimiento.