El acusado interrumpió durante nueves meses misas en una parroquia de San Bartolomé de Tirajana a través de amenazas e insultos
La Fundación Española de Abogados Cristianos anunció este jueves que ha presentado una querella contra un hombre que, durante nueve meses, interrumpió misas en una parroquia de Gran Canaria en medio de gritos, amenazas e insultos.
En un comunicado, esta fundación ha detallado que estos hechos son, a su juicio, constitutivos de los delitos de interrupción de culto, amenazas y coacciones, al entender que con su conducta, este hombre no solo perturbó de forma continuada el culto religioso en la parroquia, sino que también generó un clima de intimidación, violencia y miedo entre los feligreses.
Esta situación comenzó en septiembre del pasado año en una iglesia de San Bartolomé de Tirajana, y se prolongaron durante nueve meses aproximadamente.
Hostilidad y amenazas
La forma de proceder del hombre consistía en entrar a la parroquia mientras se celebraba la misa y, una vez dentro, comenzaba a gritar y proferir insultos y amenazas a quienes asistían a la celebración eucarística.
Cuando se le requería deponer su actitud y abandonar el recinto, respondía con una actitud hostil, según los hechos relatados por Abogados Cristianos, y se enfrentaba verbalmente a los responsables de la parroquia y los fieles presentes.
Al repetirse estos hechos durante tanto tiempo, muchas personas que acudían a misa le denunciaron, y esto derivó en una primera investigación policial que acabó con la detención de este hombre en Maspalomas, y el inicio de las correspondientes diligencias judiciales en el juzgado de turno de San Bartolomé de Tirajana.
«Los insultos se convertían en algo habitual»
Sobre estos hechos, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha denunciado que durante nueve meses «decenas de fieles han visto vulnerado su derecho a practicar su fe con libertad mientras las amenazas y los insultos se convertían en algo habitual«.
«Es intolerable que una parroquia tenga que convivir con una situación de acoso continuado. La Justicia debe actuar con firmeza y enviar un mensaje claro: impedir por la fuerza el ejercicio de la libertad religiosa tendrá consecuencias penales», ha concluido.
