El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado una nueva ley de Costa que considera «prioritaria y fundamental»
El Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado que el Ejecutivo canario ha emprendido el camino para la elaboración de una nueva ley para la gestión del litoral y las costas del archipiélago, atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
La ley se inspirará en los principios de desarrollo sostenible, gestión integrada del litoral, conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático, participación ciudadana y consideración de la mejor evidencia científica disponible. Asimismo, atenderá al adecuado reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, garantizando una ordenación coherente de un espacio territorial que, aun siendo insular y discontinuo, requiere una visión integral y coordinada.
Con más de 1.100 kilómetros de costa, Pablo Rodríguez apuntó que la nueva normativa persigue además acabar con la conflictividad sobre las costas canarias con el Estado, delimitando claramente el ámbito competencial de Canarias.
El consejero, tras la reunión este lunes del Consejo de Gobierno, aclaró que con la aprobación en 2018 de la exclusividad de la ordenación y gestión de las costas en el Estatuto de Autonomía ya Canarias asumió las competencias, pero en 2022 las transferencias de medios para poder ejecutar esas competencias fueron «insuficientes» por parte del Estado.
Hasta ahora, la gestión se ha venido desarrollando conforme a la normativa estatal, sin una adecuación específica a la realidad territorial, ambiental y socioeconómica de las islas.
Inicio formal del procedimiento
Con la toma en consideración por el Consejo de Gobierno, se inicia formalmente el procedimiento para elaborar el anteproyecto de ley, que dotará al archipiélago de un marco normativo propio para ejercer plenamente sus competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
Con esta futura ley, el Ejecutivo se dotará de un instrumento jurídico propio que equilibre el desarrollo económico y social con la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas marinos, garantizando niveles de presión compatibles con la salud ambiental del litoral.
La iniciativa permitirá adaptar la normativa básica estatal a las singularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas del archipiélago, apuntó el consejero.
Ejecución presupuestaria
Por su parte, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, también compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo De Gobierno y ha presentado un avance de la ejecución presupuestaria de 2025. En base a los datos comunicados por la Intervención General de la CAC al Ministerio de Hacienda, y a falta de los ajustes definitivos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), el Gobierno de Canarias se ha ajustado a las previsiones, lo que ha permitido aprovechar los recursos disponibles ajustándose a los objetivos fijados y la normativa vigente.
Con un crédito definitivo ajustado para 2025 de 13.814 millones de euros, y teniendo como prioridad el mantenimiento del estado del bienestar, las obligaciones no financieras han pasado de 11.350 millones a 12.145 millones de euros, con un nivel de ejecución al cierre del ejercicio 2025 del 92,6% de obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo frente al 89,8% del 2024. Este incremento porcentual es la mayor de los últimos cuatro años.
En términos absolutos, por capítulos, descontando el efecto del MRR, las operaciones no financieras crecen 673,7 millones de euros con respecto a 2024. En cuanto a las obligaciones corrientes, con MRR, se mantiene el ritmo de ejecución alrededor del 97% anual. Por su parte, el porcentaje de ejecución de las operaciones de capital es del 68,6%, lo que supone una mejora significativa sobre el nivel de 2024, situándose también ligeramente por encima de los años 2022 y 2023.
Gastos consolidados por capítulos
Al desglosarlo sin MRR, las operaciones corrientes crecen 555 millones hasta alcanzar los 10.596,4 millones de euros. Esto se debe al crecimiento de 293,4 millones del capítulo de gastos de personal que asciende hasta los 4.778.6 millones de euros; al incremento de 160 millones que experimentan los gastos corrientes en bienes y servicios hasta reconocerse un total de 2.056,3 millones de euros; la subida en los gastos financieros de 4,3 millones hasta los 107,5 millones de euros, y al crecimiento del capítulo de transferencias corrientes, que aumenta 97,4 millones, hasta alcanzar los 3.653,9 millones de euros.
Por su parte, también sin MRR, las operaciones de capital crecen en 118,7 millones, lo que da una cifra total de 1.235,2 millones de euros. Este incremento se explica por el crecimiento de 77,9 millones en inversiones reales (hasta los 585,2 millones), motivado por el incremento inversor del Servicio Canario de la Salud y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Las transferencias de capital también crecen en 40,8 millones hasta alcanzar los 650 millones de euros por el incremento del FDCAN (en la sección de Diversas Consejerías) y por el incremento de las transferencias en Transición Ecológica y Energía.
En términos porcentuales, sin MRR, el mayor incremento de las operaciones no financieras se da en el capítulo VI (15,3%), seguido del capítulo II (8,4%), capítulo VII (6,7%), capítulo I (6,5%), capítulo III (4,1%) y capítulo IV (2,7%).
Efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el gasto en operaciones no financieras se ve incrementado en un 6% frente al 7% que se desprende al contar el efecto del MRR.
Por secciones, en términos cuantitativos, el gasto en operaciones no financieras, descontando el MRR, creció en 673,7 millones de euros. Las que presentaron un mayor crecimiento fueron el Servicio Canario de Salud, con 369,8 millones, seguido de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con 112,5 millones; Diversas consejerías con un crecimiento de 72 millones, y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias con 71 millones de euros.
En cuantías globales, las mayores ejecuciones las presentó el Servicio Canario de Salud con 4.909 millones, seguido de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes con 2.197 millones y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias con 914 millones de euros.
Ingresos
Con respecto a la previsión de ingresos en 2025 se han reconocido derechos netos por importe de 11.936 millones de euros, lo que supone un incremento en 198,2 millones de euros y representa un 1,7% adicional a la previsión realizada en la elaboración de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria para 2026.
Si se comparan los derechos reconocidos netos del ejercicio 2024-2025, se observa que crecen en 37,3 millones de euros, lo que supone un incremento de un 0,29% sobre los derechos reconocidos en el ejercicio anterior 2024.
La disminución de los derechos reconocidos en las transferencias de capital se corresponde con el convenio de carreteras, que pasó de 282 a 176 millones de euros, y a una menor certificación de fondos europeos al final del ejercicio, tanto en lo que respecta a las previsiones iniciales como a las realizadas en el último trimestre, donde redujo en 84,7 millones de euros. Este importe se certificará en 2026.
Resultado presupuestario
Vistos los gastos e ingresos, y como resumen en relación con la última estimación realizada de cierre del ejercicio 2025 para el presupuesto 2026, los ingresos superaron en un 1,1% la estimación realizada y los gastos lo hicieron en un 0,9%. El efecto conjunto de estas variaciones provoca que la estimación de saldo presupuestario realizado por importe negativo de -224,4 millones de euros, finalmente se situara en -209 millones de euros.
Deuda pública
En cuanto a la deuda pública, y pendientes de la publicación de los datos oficiales del Banco de España, la estimación a cierre de 2025 del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, se situará en 6.625 millones de euros, lo que implica una mejora en la ratio de deuda pública sobre PIB con respecto al cierre de 2024, de 11,3 a 10,8 por ciento; es decir, por debajo del 13% que marca como referencia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
En términos de deuda por habitante, Canarias presenta la mejor métrica respecto al resto de comunidades autónomas, 2.923,9 euros, frente a una media de 6.907,1 euros sobre el PIB. Asimismo, el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes de la CAC al tercer trimestre del ejercicio 2025 es de 61,5 por ciento, muy por debajo del nivel de 175 por ciento que las agencias de rating consideran como una situación de sobreendeudamiento, nivel que sobrepasan comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia.
