El ministro responde por carta a la Comunidad de Madrid que el mecanismo de derivación sigue activo por la presión migratoria que triplica la capacidad en Canarias, Ceuta y Melilla
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha remitido una carta a la Comunidad de Madrid para aclarar que el mecanismo de derivación de menores migrantes, regulado por el Real Decreto-ley 2/2025, mantiene su plena vigencia. El Ejecutivo central sostiene que la situación de contingencia migratoria persiste en los territorios de llegada, lo que obliga a mantener activos los protocolos de traslado hacia otras regiones para aliviar la saturación actual.
Aunque el hacinamiento ha descendido ligeramente gracias a estas herramientas legales, Torres advierte de que la presión migratoria en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla todavía triplica su capacidad ordinaria de acogida. Por este motivo, el ministro recalca en su escrito que el sistema de reubicación de menores previsto en la normativa estatal “debe seguir aplicándose” de manera obligatoria para garantizar la protección de los derechos de los jóvenes no acompañados.
Un hito histórico basado en la solidaridad
El responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración defiende que este mecanismo constituye un “un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”, priorizando en todo momento el interés superior del menor. El Gobierno destaca que la mayoría de las comunidades autónomas han mostrado lealtad institucional durante los últimos meses, permitiendo una “respuesta solidaria ante una situación extraordinaria” que se desarrolla con absoluta normalidad en todo el país.
El ministro subraya que, pese a los presagios de algunos sectores políticos, la acogida de estos menores se está realizando “sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia” en los territorios receptores. Torres ensalza el avance hacia un modelo de respuesta conjunta que evita el colapso de los servicios de protección en las fronteras y permite una integración más efectiva y humana de los adolescentes migrantes.
Contradicciones políticas y parálisis en los traslados
Torres recuerda a la administración de Isabel Díaz Ayuso que su propia fuerza política gobierna o cogobierna en Ceuta, Melilla y Canarias, los territorios más beneficiados por este auxilio estatal. El ministro lamenta que el Gobierno de España sea quien más apoye a estas regiones mientras Madrid pone trabas y sugiere que los compañeros de partido de Ayuso “deberían exigir explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre su negativa” a participar en un sistema que mejora directamente la vida de estos niños y adolescentes.
La tensión entre ambas administraciones alcanzó un punto crítico el pasado 26 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid logró el aplazamiento temporal del traslado de siete menores procedentes de Ceuta. El Gobierno regional alegó que dicha derivación no procedía, una postura que obligó a intervenir a la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid para analizar la legalidad de la orden de reubicación dictada por el Estado.
Respaldo de la Fiscalía y seguridad jurídica
La Fiscalía Provincial de Madrid concluyó en un decreto emitido el 27 de marzo que las resoluciones de traslado son actos administrativos válidos y ejecutivos, señalando que no existían motivos para suspender la llegada de los menores. Ante este pronunciamiento judicial, el ministro insiste a la Comunidad de Madrid en que estas reubicaciones “cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley”, instando al Ejecutivo autonómico a cumplir con sus obligaciones legales.
En el cierre de su misiva, Torres reitera que el objetivo principal de todas las actuaciones radica en garantizar el pleno respeto a los Derechos Humanos y la seguridad jurídica de todas las partes implicadas. El ministro ofrece nuevamente su disposición al diálogo con todas las comunidades autónomas, pero recalca que la cooperación institucional resulta indispensable para ofrecer una respuesta eficaz y legal centrada en la protección de los menores vulnerables.
