El director general de Costas avanza que un informe estatal obliga a retirarla e iniciar su demolición, aunque el Ejecutivo autonómico tratará de frenarlo con alegaciones.
La piscina de Los Silos se encuentra actualmente “en el suelo”. Así lo ha confirmado el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, tras recibir un informe del Estado que califica de “demoledor” y que determina no solo su retirada del litoral, sino también el inicio del procedimiento para su demolición.
Según explicó en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, el documento es “preceptivo y vinculante”, lo que deja al Ejecutivo autonómico con un margen de maniobra muy limitado frente a la decisión estatal.
El Estado tiene la última palabra
Acosta fue claro sobre el reparto de competencias. “Ahora mismo, con el marco legal que tenemos, manda el Estado”. Esto implica que cualquier intento de actuar en contra del informe podría acabar paralizado en los tribunales y derivar en un proceso largo que, previsiblemente, terminaría dando la razón a la Administración central.
Por ello, el Gobierno de Canarias descarta, por ahora, un enfrentamiento directo en vía judicial y apuesta por intentar reconducir la situación mediante el diálogo institucional.
Canarias defiende las piscinas del litoral
Desde la Dirección General de Costas se insiste en que este tipo de infraestructuras son clave en el norte de las islas. Acosta defendió que las piscinas naturales y charcos cumplen una doble función: facilitan el acceso al dominio público marítimo-terrestre y actúan como elementos de protección del propio litoral.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que las piscinas se eliminen”, subrayó, apelando a la singularidad del litoral canario frente a otros puntos del territorio nacional.
Un conflicto que va más allá de Los Silos
El caso de Los Silos no es aislado. Acosta lo enmarca dentro de una tendencia estatal basada en la aplicación de sentencias surgidas en otros contextos, especialmente del Mediterráneo, que se están trasladando “linealmente a toda España” sin tener en cuenta las particularidades de Canarias.
Además, citó otros municipios afectados por situaciones similares, como Candelaria, Santiago del Teide, San Juan de la Rambla o La Laguna, donde existen expedientes abiertos o incluso sentencias firmes.
Alegaciones en marcha, pero sin garantías
El Gobierno de Canarias no da la batalla por perdida. Acosta aseguró que se presentarán alegaciones y se intentará llegar a un acuerdo con el Estado, aunque reconoció las dificultades. “No está siendo fácil con ellos. No aflojan”.
En este contexto, el futuro de la piscina de Los Silos sigue en el aire, marcado por un pulso institucional en el que, por ahora, la normativa vigente inclina la balanza hacia el Estado.
