La ley de medidas urgentes tiene como principal objetivo impulsar los sectores primario, energético, turístico y territorial
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial, que establece la simplificación de trámites administrativos, en algunos casos sustituidos por una comunicación previa, con el objetivo de recuperar la actividad económica afectada por la pandemia.
La norma parte de un decreto ley aprobado en septiembre de 2020 y ha sido aprobada este miércoles tras un año de tramitación y ocho prórrogas a los plazos de presentación de enmiendas de los grupos.
Entre las enmiendas aprobadas figura una relativa a la modificación de la ley de carreteras para atenuar los costes derivados de la expropiación de fincas situadas en las zonas donde se pretenden construir túneles.
Durante el debate de las enmiendas los grupos de la oposición consideraron que esta norma de medidas urgentes supone una modificación «encubierta y de facto» de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, lo que negó el PSOE al indicar que esta última requerirá una modificación de calado con mucho tiempo y esfuerzo por parte de todos.
Los grupos parlamentarios
El diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, ha afirmado que se trata del proyecto de ley más complejo que se ha tramitado esta legislatura por sus muchas afecciones al ordenamiento territorial de Canarias y supondrá un importante avance para reactivar la economía en sectores «sensibles».
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, ha alabado el que se autoricen nuevos usos complementarios para el suelo rústico, como para producciones audiovisuales y vuelo de drones, pero también ha lamentado «el triste inciso para el parlamentarismo canario» que supone el rechazo a una enmienda de su grupo relativa al transporte adaptado para niños con discapacidad y de aulas enclave.
El objetivo era dar garantías jurídicas y evitar los trámites «farragosos» ante los cabildos para renovar la autorización correspondiente a empresas que llevan más de 20 años ejerciendo esta actividad, pero los grupos han antepuesto sus intereses partidistas al interés del colectivo afectado, ha criticado Ramos, quien ha asegurado que nunca se ha pretendido perjudicar al transporte discrecional.
Luz Reverón, del grupo Popular, ha afirmado que la norma supone una modificación encubierta de la Ley del Suelo porque los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias se han dado cuenta ahora de la necesidad de la simplificación de los procedimientos urbanísticos y de que las políticas liberales que defiende el PP «son las eficaces para la reactivación económica».
La diputada nacionalista, Socorro Beato, ha opinado que la tramitación de esta ley ha evidenciado la falta de unidad de los grupos que respaldan al Gobierno, que se han enfrentado «sin pudor», y a los que ha acusado de desproteger el suelo rústico al promover la instalación de plantas fotovoltaicas sin sujeción a límites.
No obstante, ha considerado «un gran paso» la propuesta de crear una Agencia Canaria de Energía, que espera que reciba respaldo presupuestario, y ha indicado respecto a la propuesta de ASG que defenderá alcanzar el consenso con el sector del transporte para la movilidad de los menores con discapacidad.
Por Sí Podemos Canarias su portavoz, Manuel Marrero, ha subrayado que se pretende agilizar la actividad urbanística ante las «disfunciones» detectadas en la ley del Suelo y se eliminan trabas burocráticas sin que se pierda seguridad jurídica, al mismo tiempo que se promueve el no abrir la puerta a intereses especulativos.
Esther González, de Nueva Canarias, ha señalado que esta ley va a añadir soluciones para que la recuperación económica de las islas sea una realidad tras los datos «terroríficos» que ocasionó la crisis causada por la pandemia de covid-19 y se trata de una norma que atiende a la triple vertiente, económica, social y medioambiental, para dotar al tejido económico canario de garantías ante un futuro incierto.
Por el grupo parlamentario Socialista, Ventura del Carmen Rodríguez, ha defendido que es una ley que pretende impulsar el crecimiento económico de Canarias «de la mano de la ciudadanía» y afecta a otras leyes y preceptos que tienen que ver con medidas de intervención administrativa, costas, sector energético, actividades clasificadas y renovación turística.
Progresiva reactivación del turismo
En la ley se indica que la ralentización y progresiva reactivación de la actividad turística tras la paralización total inicial puede ser una oportunidad para afrontar la necesaria renovación, lo que exige facilitar la adopción de medidas de simplificación de los procedimientos de autorización administrativa y el otorgamiento de títulos administrativos habilitantes de determinadas actuaciones.
Pero para garantizar resultados eficaces y no dilatar innecesariamente la puesta en funcionamiento de esas urbanizaciones y establecimientos desde la apertura de fronteras y la reactivación del flujo seguro de turistas a Canarias, las medidas deben ser de una inmediatez absoluta, por lo que se regulan nuevos supuestos de actuaciones sujetas a comunicación previa urbanística o a declaración responsable turística.
La sustitución de la petición de licencias por comunicaciones previas, que incluso se suprimen en algunos casos, se extiende también a otras actuaciones sobre el medio agrario y a distintos tipos de instalaciones energéticas que, o bien tienen un impacto territorial menor, o bien entroncan con el necesario impulso de las energías renovables.
Por lo que se refiere al sector primario, se incorporan medidas urbanísticas que favorezcan el ejercicio de la actividad agrícola y ganadera y se pone en valor la actividad profesional que desarrollan los colectivos de ese sector y que, tras la pandemia, deben dotarse de mayor protagonismo y mayor peso en el desarrollo económico al facilitar los objetivos de seguridad alimentaria y kilómetro cero, añade.
