El Gobierno de Baleares se habría adelantado dos semanas a la publicidad del procedimiento, según el último informe entregado por la UCO este jueves a la Audiencia Nacional
En 2020, el Gobierno de Baleares cerró la compra de mascarillas con la empresa de Víctor de Aldama, dos semanas antes de que se hiciera público el proceso administrativo. Es una de las conclusiones del informe que la UCO ha entregado este jueves a la Audiencia Nacional.
En el documento aparecen evidencias de la mediación del exasesor de José Luis Ábalo, Koldo García, para que el Ejecutivo, presidido entonces por la socialista Francina Armengol, cerrara contratos con las empresas de la presunta trama. En las conversaciones también se menciona en varias ocasiones a los contratos con la Comunidad Canaria, presidida entonces por Ángel Víctor Torres.
Para Torres, esto no hace más que demostrar a lo que siempre ha sostenido, que «había una campaña de difamación» y este nuevo informe «acredita que no ha habido ninguna comisión ni mordida» en la que haya participado él.
Armengol
Por su parte, la presidenta del Congreso ha señalado que el informe de la UCO sobre posibles irregularidades en la compra de mascarillas en su etapa al frente del Gobierno balear constata que ni ella ni su equipo dieron órdenes para que las contrataciones se hicieran con una empresa u otra y que se llevaron a cabo cumpliendo la legalidad.
En declaraciones a los periodistas en Vegadeo (Asturias), Armengol se ha referido así al informe remitido por la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional que investiga posibles irregularidades en la relación de las administraciones con la trama del empresario Víctor de Aldama por las gestiones que hicieron a través de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, para vender material sanitario en Baleares.
El documento señala que delegó la gestión de compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19 en su director de Gestión del Servicio de Salud balear y Armengol ha incidido en que confirma así lo que siempre ha defendido pese a las «mentiras y tergiversaciones» que ha sufrido, dado que refleja que se cumplió la legalidad vigente para los contratos de emergencia.
«Ni yo ni nadie de mi equipo dio nunca una orden política para que se contratara una empresa u otra y además todos los contratos se hicieron sólo con criterios técnicos de los funcionarios del Servicio de Salud de Baleares», ha subrayado.
Orgullosa de la gestión durante la pandemia
La presidenta del Congreso ha asegurado además sentirse «orgullosa» de que su comunidad autónoma, pese a ser una de las comunidades que peor lo pasó económicamente durante la pandemia al sufrir una caída del 21 por ciento del PIB, fuera también capaz de convertirse en uno de los territorios que menos mortalidad tuvo de toda Europa gracias «al trabajo conjunto con la sociedad de Baleares».
Armengol ha pedido que «todo el peso de la ley caiga» sobre quienes pudieran haber aprovechado ese momento tan duro «donde la gente estaba muriéndose» para enriquecerse «de forma ilícita», pero ha reclamado también que no se mancille a quienes trabajaron «honestamente» para solucionar un situación que era «absolutamente compleja».
