El vicepresidente y consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez, ha dicho este lunes que está «muy de acuerdo» con el pacto del G-7 para aplicar un mínimo del 15 por ciento en el impuesto de sociedades a nivel internacional, pero ha asegurado que «cualquier mecanismo que se imponga» tendrá que preservar el diferencial fiscal de las islas
Rodríguez ha hecho esta consideración en el transcurso de una comisión parlamentaria en la que la diputada de CC-PNC Rosa Dávila ha advertido de que ese acuerdo internacional para limitar las rebajas y la competencia internacional entre países en el impuesto de sociedades puede poner en riesgo el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y la Zona Especial Canaria.
El consejero ha aplaudido ese acuerdo, que incluye también mecanismos para que las empresas paguen parte de sus beneficios en el territorio en el que operan, pero ha precisado que esos planes del G-7 «nos mantienen atentos para preservar y defender el diferencial fiscal», reconocido tanto por España como por la Unión Europea.
Román Rodríguez ha defendido la menor fiscalidad que existe en Canarias con respecto a las demás comunidades autónomas en impuesto de sociedades e impuestos indirectos ante la afirmación del diputado del PP Fernando Enseñat de que la presión fiscal en la Comunidad de Madrid es inferior, algo que negó el consejero.
Enseñat vinculó la menor presión fiscal de Madrid con un menor protagonismo de la economía sumergida en esa región, donde supone el 16% del PIB, frente a un 26% en Canarias.
Para Enseñat, la política fiscal de Madrid demuestra que bajar impuestos puede mejorar la recaudación, al promover más actividad económica, así como reducir la economía sumergida cuando la fiscalidad no asfixia a las empresas.
El vicepresidente y consejero de Hacienda explicó que la lucha contra la economía sumergida avanza en las islas y será más efectiva con la digitalización de la Agencia Tributaria Canaria, que se financiará con fondos europeos, y con la contratación de más personal, entre otras medidas.
Financiación autonómica
Román Rodríguez también anunció que el Gobierno de Canarias está preparado para el debate que se va a producir sobre el sistema de financiación autonómica una vez las comunidades autónomas tengan que afrontar la consolidación fiscal y devolver los fondos adelantados tras el levantamiento de las reglas de déficit y control del gasto por la pandemia.
«Estamos seguros de que el conjunto de las comunidades autónomas no van a poder asumir el ajuste de 2022 y 2023 en la financiación autonómica», aunque Canarias está bien situada porque no tenía deuda estructural, dijo Rodríguez.
Aun así, «nos apuntaremos a ese gran debate» planteando «desde la condonación a la moratoria», anunció el consejero, ante la demanda de Rosa Dávila para que se pacte una moratoria o un aplazamiento de las entregas a cuenta realizadas por el Estado en 2020 y 2021.
El consejero también habló en la comisión parlamentaria, a instancias de la diputada de Ciudadanos Vidina Espino, de las ayudas estatales a empresas y autónomos de Canarias de 1.144 millones de euros y afirmó que se distribuirán dentro de este año y supondrán una inyección muy relevante para la economía, puesto que supondrán un 3% del PIB.
Estas ayudas representan 520 euros por habitante y año en Canarias, cuando la media española es de 149 euros, dijo Rodríguez, para subrayar el éxito que a su juicio supone que el archipiélago reciba el 16% de los 7.000 millones destinados para todo el país.
La diputada de Ciudadanos reclamó que las ayudas se paguen cuanto antes para que las empresas puedan llegar «vivas» a la recuperación económica.
Confió en que se tramiten con más agilidad que los 80 millones destinados a sufragar el IBI de los alojamientos turísticos, que «se les han atragantado». Reclamó que no se siga con la «pachorra» en el reparto de los 84 millones a pymes y autónomos, de los que hasta el 15 de mayo solo se habían pagado 15 millones.
Vidina Espino criticó también que en Canarias las ayudas tributarias a las empresas hayan consistido solamente en aplazamiento del pago de los impuestos, pero no en rebajas fiscales, de manera que muchas empresas y autónomos tendrán que utilizar las ayudas para pagar impuestos.
