La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad mantuvo este viernes una reunión con la comisión de afectados por la Ley de Costas para establecer la hoja de ruta a seguir por la administración
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha mantenido este viernes una primera reunión con la comisión de afectados por la Ley de Costas en las islas para establecer la hoja de ruta a seguir por la administración y establecer dos líneas de actuación.
Según ha explicado el director general de Costas y Gestión del Litoral del Gobierno autonómico, Antonio Acosta, la primera línea de actuación irá encaminada al «cumplimiento de la ley, pero con un asesoramiento legal», tanto de la propia Consejería como externo.
La segunda de las líneas tendrá que ver con la ordenación del litoral. Se busca saber exactamente cuáles son las características propias de cada uno de los núcleos afectados, según ha indicado a los medios de comunicación al término de la reunión.
Núcleos afectados en todas las islas
Entre los núcleos afectados, «el más llamativo», ha dicho, es el de Los Molinos, en Fuerteventura. Su derribo fue paralizado por la justicia hace pocas fechas. También, ha habido representación en la reunión de vecinos de los barrios costeros de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria).
Aunque ha reconocido que no tienen un número global de afectados por la mencionada ley, Acosta ha asegurado que hay núcleos en todas las islas del archipiélago. También, dijo que están trabajando en un informe jurídico para que el Gobierno canario tenga clara la posición que puede tener respecto a las órdenes de derribo y, al mismo tiempo, «hacer un censo de todos los núcleos» para saber esa cantidad de afectados.
«No hay una solución exclusiva, hay afectados directamente por dominio público, casas que están en tránsito, casas que están afectadas poquito, otras que han ocupado el dominio en su totalidad. Habrá situaciones en que podamos intervenir y salvar», ha subrayado en declaraciones recogidas en una nota. Luego, ha añadido que, una vez se tenga el censo, sabrán de forma más clara cuáles se pueden salvar y cuáles no.
Esta comisión está abierta a «cualquier tipo de colectivo o asociación» afectada por las consecuencias de la normativa– Desde el Gobierno se ha llamado a trabajar de manera coordinada con los cabildos y municipios «para sacar adelante todas las situaciones complejas» que existen.
