El Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias dispone de una unidad especializada creada en 2023 para abordar la interrupción voluntaria del embarazo.
El año 2024 se realizaron en Canarias un total de 5.115 interrupciones voluntarias del embarazo. Uno de los centros públicos especializados es el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias que cuenta con una unidad especializada creada en 2023.
La Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del citado centro, Alicia Martín, ha participado en el espacio de igualdad de Buenos Días Canarias de esta semana, que ha tratado de abordar la prestación de este servicio en pleno debate sobre los retrocesos y la intención del Gobierno español de modificar la Constitución para incorporarlo como un derecho.
Cualquier mujer puede solicitar asistencia para interrumpir su embarazo en la sanidad pública hasta la semana 14
Esta especialista ha recordado que la instrucción de 2023 garantiza que cualquier mujer pueda solicitar la asistencia para interrumpir su embarazo en la sanidad pública hasta la semana 14. Basta con acudir a atención primaria o a consulta ginecológica trasladando su intención. La administración, insiste, debe contestar en un plazo de 48 horas. En ese sentido, ha afirmado que la consulta especializada creada en el Materno infantil garantiza la protección de la mujer en un entorno seguro. Ha reconocido que hasta 2023, «éste era un servicio que se daba de manera puntual y la asistencia estaba prácticamente en manos de los conciertos».
Para Martín, la atención primaria ha sido un punto clave. Sostiene que los servicios públicos tienen el compromiso de prestar el servicio y hacer a las mujeres agentes de su salud.
Los juicios a las mujeres
Como servicio público hay que ofertar a las mujeres la mejor asistencia sanitaria sin juicios de valor. En ese sentido ha rechazado iniciativas como la que en su momento se planteó en Madrid que hacía referencia a un síndrome post aborto sin ningún tipo de base científica. La especialista ha recordado que «somos servidores públicos y nuestro trabajo es dar a las mujeres la mejor asistencia, en el menor tiempo y sin hacer juicios de valor». Ese síndrome no está descrito en la literatura y las mujeres son libres en su decisión.
El registro de objetores
Alicia Martín, ha recordado que la ley obliga a crear un registro de objetores de conciencia que no estén a disposición de los servicios para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Ha recordado que ese registro no es público y que, por tanto, no puede plantearse que estigmatice o no a los especialistas. En ese sentido, ha recordado que las personas al frente de los servicios deben garantizar que sus profesionales puedan ejercer su derecho fundamental de conciencia y un registro permite organizar los servicios. Hacer una lectura política de ello, asegura, «solo dificulta la atención».
Preguntada sobre si le consta que haya objetores inscritos que, sin embargo, realizan interrupciones en la sanidad privada, ha asegurado que no le consta que haya sucedido en su servicio. Ha recordado que la objeción de conciencia, en todo caso, opera para la actividad pública y privada.
