Cáritas de Las Palmas hace también un llamamiento a las administraciones públicas canarias para que «actualicen» las ayudas que destinan a la organización
El director de Cáritas de Las Palmas, Gonzalo Marrero, ha hecho este martes un llamamiento a las administraciones públicas canarias para que «actualicen» las ayudas que destinan a la organización que dirige, ya que algunas como la regional mantiene la misma cuantía desde 2005.
En una rueda de prensa que ha ofrecido junto al obispo de Canarias, José Mazuelos, y la secretaria general de Cáritas de Las Palmas, Caya Suárez, Marrero ha destacado que precisan de más recursos para atender, sobre todo, el servicio de comedor, las ayudas de alquiler, de suministro de agua y luz, de medicamentos y para la cobertura a las personas mayores, ya que no llegan a cubrir la demanda existente.
Marrero ha recalcado que las aportaciones de las administraciones no se ajustan al coste de los servicios que ofrece Cáritas para atender las necesidades de las personas más vulnerables de la provincia de Las Palmas, al tiempo que ha resaltado que las cuotas y donaciones particulares han disminuido porque el encarecimiento de la vida también afecta a sus colaboradores.
En 2025 las donaciones en especie cayeron un 60 % y el aumento del 3,1 % en el coste de la vida encareció el mantenimiento de proyectos y servicios como el comedor social, ha advertido.
Recursos a tiempo
Marrero ha enfatizado que los recursos tienen que llegar a tiempo y las administraciones deben dar una respuesta eficiente a los que están atrapados en la pobreza y en la exclusión social, que cada vez son más, por la «injusta distribución de la riqueza», ya que Canarias es la comunidad autónoma que más crece y España el país de la UE cuya economía aumenta por encima de la media europea, pero la «pobreza se cronifica y se hereda en las islas».
La memoria de Cáritas Diocesana de Las Palmas de 2025, que se ha presentado este martes, lleva por ello como lema ‘Falla el sistema, no las personas’, y detecta cinco «claves»: el aumento de la pobreza frente al crecimiento de la economía; la emergencia habitacional, con la vivienda como primer motor de desigualdad en Canarias; la precariedad del empleo; la falta de recursos públicos como «escudo social», y el aumento de la pobreza infantil, ha indicado Marrero.
El obispo ha destacado que, según la Fundación Foessa, más de medio millón de personas se encuentran en Canarias en situación de exclusión social, lo que obedece a un fenómeno estructural, continuado en el tiempo, al que el sistema no da respuesta, y no logran salir del círculo.
Entre esas personas, ha subrayado, se encuentran los migrantes, el 54 % de las atendidas el pasado año por Cáritas, una realidad que con la próxima visita del papa León XIV «será aún más visible», ha considerado.
Más de 21.000 personas atendidas en la provincia de Las Palmas
Marrero ha señalado que en 2025 asistieron a 21.372 personas y a 7.633 hogares en la provincia de Las Palmas, un 2 % más que el año anterior.
Suárez ha recalcado que Cáritas ha constatado un estancamiento en la precariedad de las personas más vulnerables y la incorporación de otras con situaciones más severas.
Casi la mitad de los hogares (el 46 %) acudieron por primera vez a Cáritas en 2025 con perfiles más jóvenes, mayoritariamente mujeres y de origen extranjero en situación irregular, que se encuentran fuera del alcance de las políticas públicas.
«La aparición de nuevas familias en nuestros dispositivos está íntimamente relacionada con las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la gestión de la migración», ha abundado Suárez.
Más del 80 % de las 655 mujeres atendidas por Cáritas en 2025 eran extranjeras, la mitad de ellas en situación administrativa irregular.
Precarización habitacional
En cuanto a la precarización habitacional, Suárez ha considerado que es «alarmante». Ha expuesto que «se están normalizando prácticas abusivas» en torno a la vivienda que derivan en exclusión residencial: alquiler de infraviviendas, familias hacinadas en habitaciones, alquiler de literas, viviendas sin suministros, viviendas sin contrato, alquiler de empadronamientos, entre otros casos.
Según los datos del pasado año, un 35 % de las familias atendidas vive en régimen precario y un 21 % se ve obligado a compartir vivienda», ha destacado la secretaria general de Cáritas, que ha subrayado también que la ONG ayudó a 306 familias con menores para que no se quedaran en la calle, lo que supuso un aumento del 26 % en este tipo de intervenciones respecto a 2024.
Suárez ha hecho hincapié en que el 21 % de las personas que atendieron contaba con un empleo, pero en condiciones precarias.
Cáritas atendió a 1.604 personas en situación de sin hogar, un 2,1 % más que en 2024.
