Los nacionalistas condicionan su respaldo a cambios durante la tramitación como proyecto de ley y destacan el compromiso para estudiar la limitación de la compra de vivienda por no residentes
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Coalición Canaria acordó este jueves votar a favor del primer decreto de vivienda y rechazar el segundo que el Congreso someterá a votación este viernes. Los nacionalistas consideran insuficiente el primer texto, aunque han decidido respaldarlo después de obtener el compromiso de incorporar al primer texto legislativo que se tramite la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de no residentes en Canarias.
El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, criticó la forma de actuar del Gobierno estatal. “Después de ocho años no se puede pretender resolver un problema de esta magnitud con dos decretos, deprisa y corriendo, y dando 48 horas a los grupos para analizarlos. No se puede seguir gobernando a golpe de improvisación”, afirmó.
Un apoyo condicionado a cambios
Toledo defendió que Coalición Canaria volverá a aplicar “el modo canario de hacer política” frente a la dinámica de bloques. “No estamos para elegir un bando. Estamos para dialogar, alcanzar acuerdos y conseguir soluciones que mejoren la vida de la gente”, señaló.
El dirigente nacionalista dejó claro que el voto favorable al primer decreto no supone un cheque en blanco. “Hay muchas cuestiones con las que no estamos de acuerdo y tiene mucho que mejorar”, aseguró Toledo.
CC aprovechará la tramitación del decreto como proyecto de ley para plantear modificaciones que, según la formación, permitan reconocer las singularidades de Canarias, aumentar la oferta de vivienda y reducir la carga burocrática. Entre sus propuestas figura que el silencio administrativo tenga carácter positivo cuando transcurran seis meses sin resolución de las licencias de obra.
“El problema de la vivienda no se resuelve si no conseguimos que haya más casas en el mercado”, sostuvo Toledo. CC reclama además mayores garantías jurídicas para propietarios e inquilinos y medidas dirigidas a conseguir que las personas en situación de vulnerabilidad dejen de estarlo.
CC destaca el compromiso sobre los no residentes
Los nacionalistas han destacado especialmente el compromiso para incorporar al primer texto legislativo que se tramite la posibilidad de limitar la compra de vivienda por no residentes en Canarias.
Toledo defendió la necesidad de contar con instrumentos específicos para las islas ante una presión demográfica, turística y residencial que, según afirmó, no resulta comparable a la de otros territorios. “La limitación de la compra de vivienda por no residentes es una medida fundamental para Canarias”, afirmó.
El secretario nacional de Organización de CC señaló que la formación pretende proteger el acceso a la vivienda de las personas que viven en las islas frente a la adquisición de inmuebles que permanecen vacíos durante buena parte del año. “No podemos permitir que se especule con la vivienda en Canarias mientras nuestra gente tiene dificultades para encontrar dónde vivir”, señaló.
Toledo recordó que CC lleva tiempo defendiendo esta propuesta. “Cuando la pusimos sobre la mesa algunos dijeron que eran ocurrencias políticas. Hoy hemos conseguido abrir la vía para que pueda convertirse en una realidad”.
Rechazo al segundo decreto
Coalición Canaria votará en contra del segundo decreto porque considera que genera inseguridad jurídica, desprotege al pequeño propietario y puede reducir la oferta de viviendas disponibles para el alquiler. “Somos radicalmente contrarios a este decreto. Es un auténtico disparate”, afirmó Toledo.
El dirigente nacionalista cuestionó especialmente las compensaciones económicas previstas en determinados supuestos de no renovación de los contratos y advirtió de sus posibles efectos sobre un mercado que, según CC, ya afronta un grave problema de falta de oferta. “El efecto práctico puede ser que se retiren cientos o miles de casas del mercado en Canarias cuando ya estamos viviendo una auténtica emergencia habitacional”, señaló.
Toledo recordó que, según los datos manejados por CC, alrededor de nueve de cada diez alquileres residenciales están en manos de pequeños propietarios y defendió que las políticas públicas deben ofrecer garantías tanto a los arrendatarios como a los propietarios. “Tenemos que proteger a todas las personas de esta tierra, a los inquilinos y también a los pequeños propietarios. Necesitamos más vivienda, más seguridad jurídica y más oferta, no medidas que provoquen que haya todavía menos casas disponibles en el mercado”, concluyó.
