El Congreso convalida el real decreto ley, que modifica la ley de extranjería, para proceder a la distribución de menores no acompañados a comunidades donde pueden ser mejor atendidos
El Congreso ha debatido este jueves la convalidación del real decreto ley, que reforma la ley de extranjería, para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Canarias, a otras regiones en las que puedan ser mejor atendidos.
El real decreto ley es convalidado a pesar de no contar con los apoyos de PP y Vox. En concreto, se han conseguido 179 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención. El Gobierno ya lo aprobó el 18 de marzo tras un acuerdo con Junts para que la formación independentista catalana apoyara con sus votos la medida, que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería.
Por lo tanto, el final ha sido diferente al del pasado 23 de julio. En ese momento, el texto llegó al Congreso en forma de proposición de ley registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria y no superó su toma en consideración por la falta de apoyos de Vox, PP y Junts.
Un camino que el Estado y el gobierno canario consideran que no ha sido fácil tras más de un año de negociaciones. Tras varias derrotas parlamentarias, el Gobierno de España exhibe este decreto como un éxito para el Ejecutivo y un «error histórico» de la oposición. Esta dice que «no es la solución» que necesita Canarias.
Negociaciones
Desde entonces, el Gobierno español y el canario han negociado entre sí un nuevo texto. Tras meses de conversaciones con el PP, el Gobierno alcanzó un acuerdo con Junts para garantizar su posterior convalidación. Mientras tanto, ha tendido la mano al PP hasta el último momento para que también la refrende. No ha sido así.
El real decreto ley, que entró en vigor el pasado 20 de marzo, reforma la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los jóvenes que han migrado solos.
Además, significará el traslado, en el primer año, de unos 4.000 menores desde Canarias y 400 desde Ceuta, aunque las cifras aún no están cerradas.
Gobierno y autonomías se reúnen el 28 de abril
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que reunirá el próximo 28 de abril a las comunidades autónomas para fijar las criterios de reparto de los menores migrantes que se encuentran solos. Aunque, ha advertido de que el Gobierno no cuenta aún con todos los datos que se han requerido a las comunidades.
Rego ha lamentado la postura del PP y ha criticado el «despliegue de racismo» demostrado por Vox.
«Ha habido comunidades del Partido Popular que no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida», ha lamentado la ministra. Esta ha calificado este hecho de «sorprendente» porque, más allá del real decreto, «hay una obligación de colaboración entre administraciones y gobiernos del país a todos los niveles, que no se está cumpliendo».
A pesar de ello, el Ejecutivo hará una propuesta con los datos que tienen hasta ahora para trabajarla en el seno de la Conferencia Sectorial.
Críticas al real decreto ley
Desde que se aprobó este real decreto ley, ha despertado duras críticas de las comunidades gobernadas por el PP. Estos han acabado reconociendo que cumplirán la ley, aunque muchas de ellas anunciaron que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
El primer paso para poner en marcha el mecanismo es saber cuántos menores migrantes no acompañados hay en España y cuántos acoge cada región. Para ello, el Gobierno pide a todas las comunidades que informen de sus cifras, lo que ya ha dado problemas.
Aragón no ha dado sus datos porque ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta petición de información. Otras como Madrid, no han facilitado las cifras de la forma que se les solicitaba, por lo que el Gobierno ha dado de margen hasta este jueves para hacer las aclaraciones oportunas.
Auto del Tribunal Supremo
En medio de estos primeros pasos del decreto ley, el pasado 26 de marzo el Tribunal Supremo ordenó al Ejecutivo hacerse cargo en diez días de unos 1.000 menores no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias.
El Gobierno está agotando el tiempo, mientras trabaja con el Ejecutivo canario para dar una respuesta al alto tribunal dentro de un plazo que, en principio, acaba el viernes.
