El colectivo cuestiona la intervención de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y de agentes del GOIA y reclama que se investigue lo ocurrido y se mejore la coordinación institucional para evitar desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional
La plataforma Derecho al Techo ha denunciado la actuación de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y de agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) durante el desahucio de una familia con dos menores en el barrio de Pedro Hidalgo. El colectivo considera que la intervención policial ante la resistencia pacífica de las personas que acompañaban a la familia plantea dudas sobre la proporcionalidad del operativo y el respeto al derecho a la protesta.
“No vamos a aceptar que la resistencia pacífica se convierta en una excusa para actuaciones desproporcionadas, ni que la vulnerabilidad de una familia quede relegada a un segundo plano”, sostiene la organización, que reclama explicaciones sobre el desarrollo de los hechos y la consideración que recibieron las circunstancias sociales de la familia afectada.
Resistencia pacífica ante el desahucio
Según explica Derecho al Techo, sus integrantes permanecieron junto a la madre y sus dos hijos menores durante el lanzamiento para acompañarlos ante la pérdida de su vivienda y reclamar una respuesta institucional que tuviera en cuenta su situación de vulnerabilidad y la ausencia de una alternativa habitacional. El colectivo señala que su actuación se desarrolló mediante la resistencia pacífica y la defensa del derecho a la vivienda.
La plataforma cuestiona si los agentes actuaron conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En su opinión, la ejecución de una resolución judicial no exime a los cuerpos policiales de proteger la integridad de las personas ni justifica por sí misma cualquier actuación durante un desahucio.
“La resistencia pacífica no puede tratarse como si fuera una amenaza”, afirma la organización, que defiende el derecho de la ciudadanía a movilizarse y acompañar a las familias en situaciones de vulnerabilidad.
El informe de vulnerabilidad, en el centro de la denuncia
Uno de los aspectos que Derecho al Techo considera necesario esclarecer es la gestión del informe de vulnerabilidad de la familia, elaborado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Según el colectivo, el documento se presentó por registro en el juzgado antes de la llegada de la comisión judicial y también se mostró a sus integrantes, que se negaron a recogerlo.
La organización sostiene que esta circunstancia, junto con la ejecución del desahucio sin una respuesta específica a las nuevas solicitudes de suspensión, requiere aclarar qué ocurrió y qué consideración recibieron las circunstancias sociales de la madre y sus hijos.
Para Derecho al Techo, el caso no se limita a un procedimiento judicial, sino que refleja la necesidad de coordinar mejor la intervención de los servicios sociales, las administraciones responsables de vivienda y los órganos judiciales para evitar que las familias vulnerables pierdan su hogar sin disponer de una alternativa habitacional efectiva.
Una madre necesitó asistencia sanitaria durante el operativo
La denuncia también recoge lo ocurrido durante la atención sanitaria a la madre afectada. Según relata el colectivo, la mujer necesitó asistencia mientras permanecía acompañada por sus integrantes y una agente de policía. La organización afirma que, en un primer momento, la agente les aseguró que habían solicitado una ambulancia, pero que transcurrió cerca de una hora y media sin que llegara.
Derecho al Techo sostiene que una primera ambulancia acudió al lugar, pero que la policía indicó a sus profesionales que se marcharan porque, según les comunicaron, no ocurría nada. De acuerdo con el relato del colectivo, los sanitarios regresaron después de que sus integrantes volvieran a llamar al servicio de emergencias 112.
La plataforma señala que una segunda ambulancia llegó en 14 minutos. Sus profesionales examinaron a la mujer, realizaron las pruebas que consideraron necesarias y, tras consultar con sus coordinadores, recibieron la indicación de trasladarla al Hospital Insular. El colectivo pide que se aclaren las circunstancias de la asistencia y apunta que las comunicaciones relacionadas con el servicio de emergencias podrían ayudar a reconstruir lo sucedido.
El colectivo exige explicaciones y alternativas habitacionales
Derecho al Techo reclama que se esclarezca la actuación de la Policía Local y de los agentes del GOIA durante el desahucio de Pedro Hidalgo y que se examine si la intervención respetó los principios de necesidad y proporcionalidad. Asimismo, exige una mejor coordinación entre los servicios sociales, las administraciones competentes en vivienda y los órganos judiciales para que las familias vulnerables no afronten la pérdida de su hogar sin una respuesta habitacional adecuada.
La organización reivindica el derecho de la ciudadanía a organizarse, acompañar a las personas afectadas y ejercer la protesta pacífica. También anuncia que continuará apoyando a quienes defienden su vivienda y reclamando responsabilidades cuando considere que existen motivos para ello.
El colectivo concluye su denuncia con un mensaje que resume su reivindicación: “La vivienda es un derecho, no un negocio. Ninguna persona sola ante un desahucio.”
