La Diputación del Común investigará las denuncias de las comunidades regantes de La Palma tras el volcán

Las comunidades de regantes de La Palma aseguran estar en un «limbo jurídico» sin respuesta de las administraciones después de la erupción del volcán

Las comunidades de regantes de La Palma aseguran estar en un "limbo jurídico" sin respuesta de las administraciones después de la erupción del volcán
Reunión de la Diputada del Común, Lola Padrón, con los representantes de las comunidades de regantes de La Palma.

La Diputación del Común investigará las denuncias de las comunidades de regantes de La Palma afectadas por la erupción volcánica. La máxima representantes de la institución, Lola Padrón, ha abierto una queja de oficio para analizar su situación.

En este sentido, buscará alternativas que mejoren las condiciones actuales de las comunidades de regantes. Sus representantes, la abogada, Teresa Rodríguez y David Yánez, han manifestado sus preocupaciones a la Diputada del Común, y a los adjuntos, Antonio Alarcó y Ana de León.

Los abogados han solicitado la intervención de la institución para que estudie y defienda los derechos de los comuneros. Según Rodríguez, «el esfuerzo y la inversión privada de los regantes yace bajo la colada sin que ninguna administración haya respondido, ni en el plano económico ni en el legislativo». Además, advierte que se encuentran bajo un «limbo jurídico».

Compromiso de la Diputación del Común

La institución ha defendido ha defendido que la isla cuenta con una estructura del agua «singular» que debe ser tenida en cuenta por la Consejería de Agricultura, la de Presidencia y el resto de consejerías competentes. Argumentos suficientes, asegura, para abrir una queja de oficio.

Los representantes de estas comunidades han recordado que se han atendido parcialmente las pérdidas de viviendas y se han ayudado a algunas fincas. No obstante, los propietarios han realizado inversiones considerables en pozos, galerías, tuberías y otras infraestructuras que resultaron dañadas o destruidas, y que hasta el momento no han sido tenidas en cuenta.

Padrón se ha comprometido a «pedir la documentación correspondiente a las diferentes administraciones para conocer en qué se basan para no incluir a las comunidades regantes, o incluso laspequeñas inversiones en el Proyecto de Ley de Volcanes». Además, ha asegurado, «lo sucedido en La Palma puede ocurrir en otras islas, dada nuestra morfología geográfica. La agricultura necesita agua y, sin las comunidades regantes se vería gravemente afectada”.

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