Lola Padrón ha tomado esta decisión tras escuchar a las madres y padres de alumnado que está sufriendo exclusión y se ven obligados a sacarlos de los centros escolares
La diputada del Común, Lola Padrón, ha anunciado este miércoles que planteará las recomendaciones necesarias y efectuará las investigaciones de oficio oportunas para que los niños con necesidades especiales de las islas tengan garantizado su derecho constitucional a una educación inclusiva.
Centros sin medios
En declaraciones a los periodistas, Padrón ha dicho que ha escuchado a muchas madres y padres cuyos hijos sufren un «claro problema de exclusión» y que se ven obligados a sacarlos de los centros educativos por falta de recursos para que los asistan.
Padrón ha indicado que exigirá al Gobierno de Canarias que cumpla con la ley canaria de Educación que establece que el presupuesto educativo debe alcanzar el 5 % del Producto Interior Bruto del archipiélago. Esto debe invertirse en que haya los auxiliares educativos que se precisan en las aulas, entre otras acciones.
La Diputada del Común ha señalado que la falta de recursos para la atención de los niños con necesidades especiales es generalizada. Los profesores se sienten «desbordados por esta situación», que se está «externalizando y no se dispone de una ley del tercer sector» para poder actuar.
Los auxiliares de apoyo en las aulas suponen una figura «fundamental» para adecuar la educación a estos alumnos, ha recalcado.
Plataforma Canarias de Educación Inclusiva
La presidenta de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, Carolina Buriticá, ha indicado que la problemática que se ha generado por la falta de atención que se requiere ha impulsado la creación de este colectivo. Se constituyó hace un año y medio y cuenta con representación en todas las islas salvo El Hierro.
De hecho, ha señalado que ha sido la plataforma quien ha promovido la reunión con la Diputada del Común tras «tocar muchas puertas» sin éxito. Asegura que sienten «maltrato institucional» y ha asegurado que se ha incrementado en esta legislatura.
El maltrato, según Buriticá, es extensivo a la mayoría de los centros, ya que, a su juicio, son pocos los que funcionan como es debido. Dependen de la «buena voluntad del profesorado» por la falta de recursos, que lleva a modelos educativos segregados en aulas en clave o de educación especial.
Buriticá ha advertido también de que se expulsa o sanciona a alumnos por conductas que no pueden controlar los profesores por la falta de personal, y que si las familias se niegan a recogerlos en el horario escolar se las amenaza con que irá la policía a por ellos o que se les derivará a los servicios sociales.
«La presión contra el alumnado con necesidades especiales» ha aumentado y por ello se ha creado el movimiento al que representa, ha manifestado Buriticá, quien ha dicho que son más de 150 las reclamaciones que han presentando en las islas por la falta de atención a este alumnado.
