La restauración del Auditorio de Tenerife Adán Martín comenzará sin afectar la programación cultural
El Cabildo de Tenerife ha desbloqueado la situación de conflicto del Auditorio de Tenerife Adán Martín y ha logrado que el arquitecto Santiago Calatrava ya esté trabajando en el proyecto de restauración, que estará concluido en noviembre de 2024.
La negociación reactivada es clave para iniciar las reparaciones necesarias, con un presupuesto inicial fijado en 18,1 millones de euros desde 2018. Este presupuesto incluye una partida adicional de 5 millones de euros para contingencias que podrían requerir la suspensión de actividades culturales. Sin embargo, el objetivo del Cabildo es que las obras de reparación no afecten la programación cultural del Auditorio, manteniendo el espacio operativo, como se hizo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia durante su renovación.
El conflicto por el Auditorio de Tenerife se originó años después de su construcción debido a problemas en su revestimiento característico de trencadís, una firma de Calatrava. En 2016, Carlos Alonso, entonces presidente del Cabildo, solicitó un informe a la empresa Intemac sobre el estado del edificio. Este informe concluyó que las fallas en el revestimiento se debían principalmente a una mala adherencia y otros factores, como «la rigidez del mortero de rejuntado y las condiciones estructurales del edificio.»
Responsabilidad de los constructores
En 2018, se ordenó la reparación de los desperfectos, atribuyendo la responsabilidad a todos los agentes del proceso constructivo, incluyendo a Santiago Calatrava y la UTE formada por Acciona Construcción, Dragados y Promotora Punta Larga. El presupuesto de reparación se fijó en 18.165.492,63 euros.
En julio de 2019, las partes implicadas se reunieron ante el Magistrado a cargo del proceso, quien sugirió buscar una solución extrajudicial similar a la del Auditorio de Valencia. Sin embargo, las negociaciones quedaron paralizadas con el cambio de gobierno al PSOE, que no logró avances significativos durante su mandato. Esto llevó a la necesidad de una ejecución forzosa del acuerdo en 2022.
En mayo de 2023, durante la campaña electoral, Calatrava expresó su disposición para redactar el proyecto y solicitó un nuevo plazo. Finalmente, el 27 de septiembre de 2023, con el nuevo gobierno, se acordó un plazo hasta noviembre de 2024 para la entrega del proyecto. Pérez Frías enfatiza que esta es la mejor solución para el interés público, ya que el arquitecto mantiene derechos de autor sobre la obra, y su participación es fundamental. Además, concederle la prórroga evita la necesidad de una licitación pública, lo que habría retrasado aún más el inicio de las reparaciones.
