El Consejo General del Poder Judicial mantiene que existe «ausencia de un mínimo grado de concreción» en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado, en su borrador de informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler, aunque avala su compatibilidad con el derecho a la propiedad.
La propuesta de informe, que el pleno del CGPJ debatirá como único punto el próximo 14 de enero, advierte al Gobierno de que esa falta de claridad «tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada».
«El prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones». «Limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento», se queja el poder judicial.
Compatible con el derecho a la propiedad
No obstante, la propuesta de informe avala que el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler es compatible con el derecho a la propiedad.
«La regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho ni niega la utilidad económica de la propiedad». «Por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», afirma.
Sugiere, por ello, la conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas. Todo ello para que se pueda evaluar su resultado. También su incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico.
Informe no vinculante
La propuesta de informe señala asimismo que la «inconcreción» e «imprecisión» de otros enunciados y contenidos del anteproyecto «dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar».
Pone como ejemplos «la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero» y el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.
También echa de menos que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda.
Argumenta asimismo que, pese a su carácter básico, el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad. Por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado. También respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el próximo martes, 18 de enero. Lo remitiría al Congreso para su tramitación parlamentaria, para lo cual es preceptivo el informe del CGPJ, aunque no vinculante.
