El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo para la ley de nietos promovido por Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, por mayoría de diez votos con dos a favor de la admisión
El Tribunal Constitucional ha rechazado con una amplia mayoría la admisión a trámite del recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos, al considerarlo prematuro ya que el procedimiento sigue abierto en el Alto Tribunal.
Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha inadmitido a trámite el recurso de amparo promovido por Ángel Gabilondo por mayoría, con diez votos en contra y dos a favor de la admisión, que son los magistrados Ramón Sáez y Juan Carlos Campo, lo que supone una fractura en el bloque progresista que no es habitual en los últimos tiempos en el tribunal.
Dado que el recurso no ha pasado el filtro, también ocurre lo mismo con la medida cautelarísima solicitada, sin oír a las partes, de suspender la decisión del Supremo para que los nacionalizados pudieran votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El motivo es que el recurso es prematuro porque aún no se ha agotado la vía de la jurisdicción ordinaria dado que el Supremo dio un plazo a los afectados para personarse y formular alegaciones contra la suspensión cautelar, que termina este jueves.
La mayoría acoge así el planteamiento del ponente, Enrique Arnaldo, que señala que solo puede presentarse un recurso de amparo una vez haya finalizado la actuación del órgano jurisdiccional, es decir, «solo cuando este haya finalizado por haber recaído una resolución firme y definitiva puede entenderse agotada la vía judicial y, consecuentemente, es posible acudir ante este Tribunal en demanda de amparo», algo que no ocurre ahora.
Los frentes abiertos en el Supremo
En el Alto Tribunal el asunto sigue vivo y prueba de ello es que la Sala dio un plazo de 24 horas, hasta las 15:00 horas de este miércoles, para que las partes personadas presenten alegaciones a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado día 16 en la que envía documentación a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de cara al 29N.
Precisamente, la JEC dio este paso con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho al voto debido a la suspensión decretada por el Supremo para nacionalizados por la ley de nietos.
En este sentido, Iustitia Europa, uno de los recurrentes, ha reclamado al Supremo que advierta sobre posibles incurrencias en un delito electoral si efectivamente estos inscritos votan el 29N.
Asimismo, este jueves termina otro plazo, los cinco días que la Sala dio a los 163.020 afectados para personarse en el procedimiento como parte codemandada y así poder efectuar alegaciones con el fin de evitar su indefensión, una opción que, por ejemplo, ya ha planteado el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), que agrupa a españoles nacionalizados gracias a la norma.
El PP amenaza con acciones penales
Además, hay otro frente abierto que discurre en el ámbito político porque el PP ha enviado un burofax a la directora general de españoles en el exterior y de asuntos consulares para exigir que cumpla de inmediato la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto a esos nacionalizados, pues de lo contrario van a exigir todas las responsabilidades a quien corresponda, también las penales.
La suspensión no regirá, explica el Alto Tribunal, cuando los encargados de los consulados «expidan, bajo su responsabilidad, certificación acreditativa de que, a fecha 1 de agosto de 2026», esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de represaliados «por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual», como fija la norma y no la instrucción de Justicia.
