La norma que se debate hoy prorroga medidas de protección social para colectivos vulnerables, como la suspensión de desahucios o moratorias en el pago de los alquileres hasta el 9 de agosto
El decreto ley que permite recurrir al Tribunal Supremo medidas que puedan afectar a los derechos fundamentales ante el fin del estado de alarma -como es la limitación de movimiento-, se vota hoy en el Congreso entre duras críticas de la mayoría de los partidos políticos.
El Pleno del Congreso debate la convalidación de este polémico decreto que no ha gustado prácticamente a ninguna formación, salvo a las que conforman el gobierno de coalición, y que ha recibido los reproches tanto de la derecha como de los socios que apoyaron la investidura del presidente, Pedro Sánchez.
No obstante, todo apunta a que el decreto ley será aprobado, pese a que partidos como ERC o EH Bildu se plantean la abstención.
Críticas al decreto
Derecha e izquierda critican que dejar en manos del Tribunal Supremo la última palabra sobre los recursos que se interpongan ante los tribunales regionales por restricción de movimientos solo ha traído un «caos jurídico».
Todos coinciden en que tendría que haber un paraguas normativo igual para todas las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, la norma que se debate hoy también prorroga medidas de protección social para colectivos vulnerables, como la suspensión de los desahucios o moratorias en el pago de los alquileres hasta el 9 de agosto, lo que hará que el decreto salga aprobado.
De momento tiene garantizado el voto en contra de Ciudadanos, a la espera de que también se pronuncien el PP y Vox.
Afrontar la pandemia tras el fin del estado de alarma
Los principales socios que apoyaron la investidura de Sánchez están analizando plantarse con una abstención, que ya ha anunciado el PNV, y a la que podrían sumarse ERC y EH Bildu.
Más País y Compromís votarán a favor, lo mismo que los cuatro diputados del PDeCAT, ya que anteponen la necesidad de prolongar medidas sociales y económicas como la prohibición de los cortes de luz y gas.
Sin duda el Gobierno defenderá en la tribuna del Congreso su plan jurídico para afrontar la pandemia tras el fin del estado de alarma pese a las divergencias de criterio de los tribunales que han llevado, por ejemplo, a que se haya rechazado el toque de queda en Navarra o el cierre de un municipio en Andalucía, pero se hayan aceptado otros.
Limitar derechos fundamentales
El PSOE ha reiterado en varias ocasiones que no está dispuesto a modificar una ley ordinaria para convertirla en excepcional y limitar derechos fundamentales con carácter general, como pide el PP en su Plan B jurídico.
Los populares acusan al Gobierno de «no legislar ni permitir legislar» y desde Ciudadanos también avisan de que el Gobierno pretende endosar al Tribunal Supremo la gestión de la etapa final de la pandemia.
