Efe
La Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias y la Familia -responsable de tutelar a los menores en desamparo– ha subrayado que no está de acuerdo con esa práctica, porque cree que vulnera los derechos de los niños, y la Fiscalía Superior de Canarias ha anunciado que la está «reevaluando».
Una portavoz de esta institución ha confirmado que van a estudiar lo que está ocurriendo con esos niños, que se ven afectados por un protocolo diseñado para prevenir el tráfico de menores, pero que conlleva que son separados temporalmente de sus madres.
Cuatro mujeres de origen subsahariano esperan en Fuerteventura los resultados de las pruebas de ADN para poder volver a estar junto a sus hijos. Tres de ellas llevan separadas de los menores desde finales de agosto cuando llegaron en patera a la isla.
El Gobierno canario tiene constancia de, al menos, doce casos de madres que han sido separadas de sus hijos tras su llegada a la provincia de Las Palmas, seis en Fuerteventura y otros seis en Gran Canaria. El último caso ocurrió este martes por la mañana cuando un niño de tres años fue retirado a su madre en Gran Canaria.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras cifró en 416 los menores que llegaron en patera a España en 2019 acompañados de adultos. Ese mismo año, se realizaron 651 pruebas de ADN para acreditar el vínculo de filiación, de las que 39 fueron negativas y 38 estaban pendientes, un número que incluye, además de las pateras, las pruebas realizadas en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.
Son datos que expone en su último informe anual de 2019 el propio Defensor del Pueblo, en un apartado en que subraya que «sigue con preocupación esta situación desde 2013» por lo que ha convocado varias reuniones de coordinación para abordar la cuestión.
La última se celebró en octubre del pasado año con participación de todos los organismos de las distintas administraciones, en un encuentro en el que se plantearon varias propuestas de mejora para los menores que llegan acompañados de adultos a España.
Entre ellas, se apuntó la necesidad de incluir mejoras en el protocolo de llegadas para que, junto a las pruebas de ADN, «se informe a la persona adulta de las obligaciones que contrae respecto al menor hasta recibir su resultado».
También se plantea desde el Defensor del Pueblo la necesidad de revisar el sistema para el registro de estos menores para que «se ponga en el centro el interés superior del menor y las obligaciones que dimanan de la Convención sobre los Derechos del Niño».
Asimismo, se recomienda asignar recursos residenciales específicos, en coordinación con los servicios sociales municipales, para que se haga «un seguimiento estrecho» que permita averiguar el vínculo del adulto con el menor hasta que se conozcan los resultados de las pruebas de ADN.
Jornadas
En unas jornadas celebradas en octubre de 2019 para avanzar en la protección de los niños que llegan a España en patera junto a adultos, Francisco Fernández Marugán defendió que el traslado del caso a Fiscalía o al ayuntamiento de la localidad «no implica en todo caso la retirada del niño o niña del adulto que le acompaña y su ingreso en un centro de protección».
Para Fernández Marugán, si se constata que no se ha producido una situación de abandono, la actuación de los poderes públicos deberá estar limitada a «garantizar los derechos que asisten al menor y a disminuir los factores de riesgo que le afecten.
