El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha indicado en el Parlamento que el ejecutivo regional analiza la impugnación de los acuerdos que son de su competencia adoptados por el consejo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura
Cuestionado por la diputada no adscrita Sandra Domínguez, Pérez ha subrayado que solo dos personas «no hacen gobierno», en alusión al presidente de la institución insular, Sergio Lloret, y el consejero Juan Nicolás Cabrera, por lo que las decisiones que adopte ese órgano «son como mínimo discutibles desde el punto de vista legal. Más que discutibles», y atentan contra «el sentido común».
Sin embargo, los juristas del Gobierno canario señalan que no puede impugnar ninguno de sus actos salvo los que afecten al ámbito competencial de la comunidad autónoma.
Ha abundado en que desde le ejecutivo regional han hecho constar su «incomodidad» con lo que está sucediendo en el Cabildo de Fuerteventura. Ha recordado que ha impugnado 48 actos de otras administraciones, de los cuales 17 se han resuelto tras la pertinente rectificación.
Tachan de «inusual» y «esperpéntica» la situación en el Cabildo
Pérez se ha preguntado por último si además del Gobierno de Canarias no hay otros organismos o personas que puedan recurrir a la vía judicial. Ha lamentado que los otros 21 consejeros del Cabildo majorero estén «mirando a los celajes».
Sandra Domínguez ha tachado de «inusual» y «esperpéntica» la situación en el Cabildo de Fuerteventura, «desde un puno de vista político e institucional». Ha subrayado que un informe del secretario general del pleno señal que, como mínimo, el consejo de gobierno insular debe estar conformado por tres personas.
La diputada no adscrita ha advertido de que se podría dar pie a una «nulidad absoluta» de los acuerdos adoptados por este «hipotético órgano de gobierno», que al menos afectan a 165 expedientes.
