El Gobierno de Canarias procederá al cierre de algunas instalaciones al bajar la ocupación por el número de llegadas a las islas y por los traslados a península
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario ha iniciado una reorganización de los centros de menores para migrantes no acompañados que conllevará el cierre de algunas de estas instalaciones al bajar la ocupación por los traslados que se han llevado a cabo a la península.
Según han informado fuentes de la Consejería, con motivo de un comunicado remitido por CCOO en el que alertaba del cierre de dos centros en Fuerteventura el próximo 1 de julio, el objetivo del departamento es clausurar los macrocentros (con más de 100 plazas) y acoger a los menores en instalaciones más pequeñas.
La semana próxima se procederá al cierre de uno estos macrocentros, han señalado las fuentes, que han indicado que el objetivo es abrir nuevos con menos plazas y prescindir de aquellos que están más vacíos, con el fin de mejorar la gestión de los recursos públicos ante el traslado de menores a la península y el descenso en la llegada en pateras o cayucos.
En cuanto a los dos espacios alojativos gestionados por Asociación Solidaria Mundo Nuevo que se clausurarán en breve, según ha informado CCOO, la Consejería ha confirmado su cierre.
Cierre de centros de Ayagaures y Ancor
Las fuentes de Bienestar Social han explicado que se trata de dos instalaciones, la Ayagaures, donde residen nueve menores cuando su capacidad es de 24, y Ancor, con 16 pero capacidad para 25, cuyos contratos con la asociación se firmaron en la anterior legislatura y contemplan que se paga por plaza, esté o no ocupada.
«Es evidente que una administración pública tiene que velar por el buen destino de los recursos y esta situación es insostenible», ha recalcado las fuentes, que han añadido que «han intentado negociar con las entidades pero no quisieron acogerse a ninguna alternativa».
El sindicato CCOO, en su comunicado, ha exigido al Gobierno de Canarias y a la entidad gestora de los dos centros de Fuerteventura una solución urgente que garantice la continuidad de la atención a los menores extranjeros no acompañados como el mantenimiento del empleo de los 42 trabajadores afectadas por el cierre de las instalaciones.
A juicio del sindicato, estos cierres suponen «una decisión de enorme impacto social y laboral» por dejar en la calle a profesionales que sostienen diariamente la vida cotidiana de estos menores y por el traslado de niños y adolescentes que ya cuentan con escuela, amistades, atención sanitaria, rutinas y vínculos comunitarios en su actual entorno.
Críticas de CCOO
CCOO ha calificado de «grave» que una discrepancia económica sobre el precio abonado por cada menor atendido pueda «terminar resolviéndose con despidos y con el desarraigo» de menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad.
El sindicato ha recordado que la protección de estos menores es una obligación legal de la administración y no puede quedar supeditada a una negociación presupuestaria entre la entidad gestora y el Gobierno autonómico.
La organización sindical ha apuntado, además, que el despido colectivo de los trabajadores comunicado el 16 de junio no está justificado si el servicio continúa prestándose por otra vía y ha advertido de que deben aplicarse las garantías legales y convencionales de subrogación, de manera que los trabajadoras conserven sus puestos y se preserve también la continuidad afectiva y profesional en la atención a los menores.
