Fuentes del anterior Ejecutivo canario aseguran que esas denuncian no se constataron
El Gobierno de Canarias y la Fiscalía conocían desde el año 2021 posibles casos de malos tratos en los centros de menores migrantes.
Así lo adelantaba jueves el diario El País y ha sido confirmado por miembros del gobierno anterior. Eso sí, afirman que esas denuncias nunca se constataron.
En 2021, el Defensor del Pueblo trasladó a ambas instituciones posibles situaciones de maltrato que nunca fueron constatadas, aunque los autores de las presuntas actitudes agresivas fueron despedidos.
Muchos centros continúan abiertos
Por su parte, Amnistía Internacional lleva desde entonces denunciándolo y afirman que han recogido testimonios concretos que «se hicieron llegar al Gobierno a la Fiscalía, pero que no se consideró tomar actuación».
Estos testimonios hablan incluso de aislamiento, retraso en la tramitaciones, privación de comida o retirada de dinero de bolsillo o abono transporte. Además, señalan que parte de los centros en los que se han registrado situaciones de maltrato continúan abiertos.
La Dirección General de Infancia cuenta con una herramienta específica de inspección desde principios de 2024. Así, la directora del departamento Sandra Rodríguez asegura que «se puso en conocimiento a la Fiscalía de los casos considerados graves que pudieran ser constitutivas de delito».
