Los Servicios Sociales de Las Palmas de Gran Canaria acreditan que Jénnifer y sus dos hijos menores se encuentran en situación de vulnerablidad, y por tanto, el Ayuntamiento no comparte el desahucio llevado a cabo este martes
El informe emitido este mismo martes por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acredita que Jénnifer, la mujer con dos niños desahuciada de su vivienda en el barrio de Pedro Hidalgo, «se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica», por lo que el Consistorio ha referido no compartir esta decisión judicial.
Escenario actual
Desde la entrada en vigor del decreto ley ‘Maricarmen’ aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, un informe como ese hubiera sido suficiente para suspender el desahucio de esta familia en caso de carecer de otro lugar donde vivir, si la vivienda en litigio perteneciera a un fondo de inversión.
Para caseros particulares, como sucede en el caso de Jénnifer y su familia, el decreto establece que el juez debería haber solicitado otro informe más a la administración competente sobre vivienda y servicios sociales (el Gobierno de Canarias) para conocer si tiene algún recurso disponible para ofrecer a los afectados.
Decreto
«En caso de que no se reciba respuesta o se informe de que no se cuenta con ellos, el tribunal suspenderá el proceso hasta que tales medidas sean adoptadas y se garantice una alternativa habitacional adecuada, resultando igualmente aplicable esta previsión cuando ya se hubiera dictado sentencia, decreto o auto poniendo fin al procedimiento o acordando el lanzamiento, siempre que este último no se hubiera ejecutado efectivamente«, añade el decreto.
En ese supuesto, sería la administración competente en vivienda la que se encargaría de compensar al casero por la renta dejada de percibir, los suministros no pagados y las costas procesales.
Es por ello que, en un mensaje remitido a EFE, la corporación de la capital grancanaria ha dicho no compartir esta decisión judicial «que deja en la calle a una familia vulnerable de nuestra ciudad», siempre, eso sí, «desde el respeto a las actuaciones de los jueces y tribunales».
Informe «contundente»
El Ayuntamiento también ha referido que desconoce si desde el tribunal ha solicitado el informe de recursos disponibles para una alternativa habitacional a la administración competente en materia de vivienda, tal y como establece el artículo del llamado decreto ‘Maricarmen’.
Para la plataforma ciudadana Derecho al Techo, que trató de ayudar a esta familia, el informe del Ayuntamiento sobre la vulnerabilidad que padecen Jénnifer y sus hijos es «contundente» y debió servir para detener el desahucio, aunque se haya entregado en el último minuto, hoy mismo, al juzgado que lo autorizaba (la Plaza número 7 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Civil).
«El documento elaborado por la Concejalía de Bienestar Social se presentó por registro ante el juzgado antes de la llegada de la comisión judicial. Informe contundente como pueden ver. Asimismo, el informe se mostró a la propia comisión judicial, que se negó a recogerlo», asegura este colectivo por la vivienda, que ha difundido a la prensa un copia de ese dictamen, sin datos personales.
Coordinación con órganos judiciales
A su juicio, lo ocurrido este martes con este lanzamiento «pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas y los órganos judiciales actúen con la debida coordinación, evitando que las familias en situación de vulnerabilidad queden desprotegidas ante la pérdida de su hogar».
«Ninguna familia debería enfrentarse a un desahucio sin que su situación de vulnerabilidad se le atienda debidamente y se estudien alternativas habitacionales», argumenta.
