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El juez ordena tasar las acciones de la UD Las Palmas que ofrece Ramírez

El empresario Miguel Ángel Ramírez ofrece acciones de las UD Las Palmas para cubrir la fianza de 50 millones de euros que se le ha impuesto de cara a su futuro juicio por fraude a la Seguridad Social

El juez Arcadio Díaz Tejera ha ordenado que se tasen pericialmente las acciones de la Unión Deportiva Las Palmas que el empresario Miguel Ángel Ramírez ofrece para cubrir la fianza de 50 millones de euros que se le ha impuesto de cara a su futuro juicio por fraude a la Seguridad Social, para contar con un valor de referencia sobre el que decidir.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria estima así, en parte, el recurso que Ramírez interpuso contra su decisión de febrero de no aceptar esas acciones como suficientes para cubrir la fianza que exige al empresario.

Díaz Tejera siguió en aquel momento el criterio recomendado por la Fiscalía y decidió que se abriese una investigación sobre el patrimonio de Ramírez, en busca de otros bienes con los que garantizar las posibles responsabilidades a las que se expone.

Ahora, el magistrado recuerda respecto a las acciones que «las cosas tienen el valor que las personas estén dispuestas a pagar por ellas», pero acepta contar con una cifra de referencia, aportada por un profesional preparado para hacer ese cálculo de manera imparcial.

Miguel Ángel Ramírez no ofrece en realidad esas acciones de forma directa, sino que aporta el 100 por cien de los títulos de una sociedad, Sport Trade Capital SL, que a su vez posee el 63 % de las acciones de la Unión Deportiva Las Palmas.

En octubre de 2020, el juez Díaz Tejera ordenó la apertura de juicio oral contra Ramírez y Héctor de Armas por presuntos delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública relativos a su gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria, y les exigió que depositaran sendas fianzas de 50 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades en esta causa.

En ese procedimiento, la Fiscalía de Las Palmas solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para Ramírez, a quien acusa de haber defraudado casi 37 millones de euros al erario público a través de la empresa de vigilantes Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017. EFE

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