La oposición vota en el Parlamento en contra del dictamen del proyecto de Ley Covid y advierte de que el texto incluye aspectos inconstitucionales
La comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de los grupos del cuatripartito –PSOE, NC, Sí Podemos y ASG–, el rechazo de CC, PP y Grupo Mixto y la abstención de la diputada no adscrita, Sandra Domínguez, el dictamen del proyecto de ley que incluye el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID–19 en Canarias.
Los grupos que apoyan al Gobierno han incorporado casi una decena de enmiendas transaccionales que suavizan el decreto ley remitido por el Gobierno canario. La oposición ha advertido de que el texto sigue incluyendo aspectos inconstitucionales y otros que han quedado desfasados ante la buena evolución de la pandemia.
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha comentado que «hacen falta medidas» para combatir la pandemia porque los contagios «no paran de subir» en el archipiélago y cree que «lo más preocupante» es el alto índice de mortalidad.
En esa línea, no entiende que el Gobierno central haya optado por «acostumbrarse» a un elevado número de muertes en las islas ante el anuncio de eliminación de restricciones.
Sobre el proyecto de ley ha comentando que proviene de un decreto ley con advertencias de inconstitucionalidad –está recurrido en el TC por VOX– y lamentado que los grupos del Gobierno no hayan querido corregir esos aspectos.
En su opinión, si el Gobierno sigue con su «empecinamiento» la ley será «tumbada» en los tribunales. Dijo que no se puede obligar a la gente a someterse a cribados en puestos de trabajo, a la vacunación o a presentar pruebas negativas de Covid-19, entre otros aspectos.
Melodie Mendoza (ASG) ha apuntado que «se hacía necesario» tener un marco jurídico estable para imponer medidas de control de la pandemia. Sin que sean «gravosas» para la economía, y ha valorado que ha habido muchas modificaciones del decreto ley del Gobierno.
Ha dicho que esta ley será de utilidad en los próximos meses porque la pandemia no ha terminado. Ha echado en falta una ley orgánica a nivel nacional porque las comunidades autónomas han tenido repuestas jurídicas diferentes en los tribunales.
Mendoza ha comentado que la ley ayuda a «clarificar» todas las medidas y pronosticado que el TC «tendrá la última palabra» sobre la norma canaria.
María del Río (Sí Podemos) ha comentado que «no hay reglas matemáticas» para afrontar la pandemia porque la propia ciencia ha ido modificando posiciones. Dijo no tener preocupación por que el decreto haya sido recurrido ante el TC.
Ha afeado a la oposición que no haya tenido una actitud más positiva durante el desarrollo de la ponencia y garantizado que se han tenido en cuenta las advertencias del Consejo Consultivo.
Un «dislate» según el PP
El portavoz de NC, Luis Campos, ha recordado que la ley viene obligada por la suspensión del estado de alarma sin contar con un cuerpo jurídico para afrontar la pandemia y no ha obviado la dificultad de «seguir legislando» cuando aún no ha finalizado.
Campos ha admitido que ley canaria puede afectar a derechos fundamentales. Sin embargo entiende que la Constitución abre la puerta a la limitación cuando la vida de las personas «está en juego». Espera que hasta la llegada del Pleno se pueda consensuar aún más el texto.
Luz Reverón (PP) ha comentado que casi el 90% del decreto ley estaba viciado de inconstitucionalidad según el Consejo Consultivo y ve «una pena» que los grupos del Gobierno no hayan retocado la norma. «Vamos a ver qué pasa», ha comentado.
Ha dicho que su grupo no se ha opuesto «nunca» a la toma de medidas para controlar el virus y en cambio, ha echado en falta la «escucha activa» de los grupos que apoyan al Ejecutivo. Dijo que su grupo ha defendido, entre otras cosas, mascarillas gratuitas para colectivos vulnerables o controles en puertos y aeropuertos.
Reverón ha criticado el «uso torticero» del Gobierno para «saltarse a los tribunales» porque el decreto solo trata de «aglutinar» todas las medidas precedentes y entiende que esta ley es «anacrónica» porque las medidas en vigor «no son suficientes ni necesarias».
Así, ha puesto como ejemplo como el texto incluye los aislamientos y cuarentenas que han sido descartadas ya por el Ministerio de Sanidad. «Mi grupo no va a apoyar este dislate«, ha comentado.
CC-PNC pide seguridad jurídica
Socorro Beato (CC-PNC) ha remarcado que el decreto ley cuenta con un dictamen «durísimo» del Consejo Consultivo advirtiendo de inconstitucionalidad. Hasta el punto, dijo, de que está recurrido ante el TC y el propio Estado ha alertado de un conflicto en cuatro artículos.
Ha comentado que el decreto de alarma también fue anulado por el TC y aunque su grupo «no está en contra» de luchar contra la pandemia sí ha defendido que haya seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales.
Beato ha alertado del «hastío y la desconfianza» de la ciudadanía porque no entiende el sistema de niveles, que se ha convertido «en una yenka«. También y ha reprochado a los grupos del Ejecutivo que la ley contará con medidas apropiadas para 2020 y no para el momento actual.
Ha reprochado al Gobierno «la falta de diálogo«. Se preguntó «qué informes» avalan que se restrinja el tabaco si hay distancia de seguridad y al aire libre.
Marcos Hernández (PSOE) ha negado el supuesto «rodillo» parlamentario del cuatripartito en un momento de «incertidumbres» por la interpretación dispar de los tribunales de justicia. Ahora, dijo, con este proyecto de ley, se espera lograr la seguridad jurídica.
Ha apuntado que el texto no conculca los derechos fundamentales. Prioriza la defensa de la salud pública, añadió. Dijo no entender que haya que retirar la ley ante el informe del Consultivo.
