El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto que permite acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación, que fue impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández y era un reclamo histórico de los colectivos feministas.
El texto, que ya había sido aprobado por los Diputados el 11 de diciembre pasado, recibió los votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y una abstención, tras una sesión de 12 horas y durante la que miles de personas, a favor o en contra de la ley, se concentraron a las afueras del Congreso a la espera del resultado.
El proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual -en la que solo se permite abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida- y autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.
Al conocerse el resultado de la votación, la multitud de personas congregadas a las puertas del Parlamento dentro de la marea verde -como se conoce a los grupos que apoyan la legalización- lanzaron gritos de júbilo y emoción, en contraste con la decepción de los celestes o colectivos «provida», que rechazaban su aprobación.
Esta es la segunda vez en la historia que un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo se debate en el Congreso argentino, después de que en 2018 un texto similar pero elaborado por una plataforma civil, lograra ser aprobado por los diputados pero no por el Senado.
Un año después, el actual mandatario, Alberto Fernández, prometió en su campaña electoral impulsar una nueva ley, con el fin principal de reducir los abortos clandestinos, que arriesgan la vida de las mujeres, especialmente las que no pueden costear clínicas privadas donde, a pesar de ser ilegal, lo practican de forma segura.
La sanción definitiva de ese proyecto lograda hoy representa, tras las negociaciones políticas que llevaron a cosechar más apoyos que hace dos años, un éxito para el presidente tras un difícil 2020 marcado por la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de salir de la grave recesión que arrastra el país desde 2018.
Una vez que la ley entre en vigor, toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto, de forma gratuita y segura, hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo en las dos causales ya permitidas hasta ahora.
Las menores de 13 años podrán hacerlo con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, mientras que las que tengan entre 13 y 16 solo necesitarán autorización si el procedimiento compromete su salud y las mayores de 16 podrán decidir por sí solas.
La ley aboga además por la responsabilidad del Estado de implementar la ley de Educación Sexual Integral y actualiza además las penas de prisión con las que serán reprimidas las personas que causen el aborto o consientan que se lo hagan fuera del plazo y causales permitidas.
