El Consejo de Gobierno de Canarias garantizó, al menos, 10.000 millones anuales para los presupuestos 2024, 2025 y 2026
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el escenario presupuestario para los años 2024, 2025 y 2026 y tomando la opción «más pesimista» garantiza al menos 10.000 millones anuales, cantidad similar a la de 2023.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, que ha subrayado que aunque parece «prematuro» fijar esta previsión en el mes de abril, es una exigencia de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Pérez ha detallado que el Gobierno toma como base para elaborar sus previsiones los informes propios de la Consejería de Economía y Conocimiento, de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y del BBVA.
Nueva Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Consejo de Gobierno acordó este jueves la propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la aprobación de la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y ordenó su publicación del documento en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Tramitada por la Viceconsejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo, la nueva estrategia se elevó a la consideración del Gobierno por la consejera Elena Máñez, tras su reciente aprobación por unanimidad, tanto en el Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) como en la Mesa General de la Concertación Social.
Tercer documento fruto del consenso con patronales y sindicatos en la X Legislatura, después del Acuerdo sobre igualdad laboral y brecha salarial en 2021 y la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual 2022-2026, establece seis objetivos fundamentales, 32 operativos y 117 líneas de actuación durante el próximo lustro en las condiciones laborales del archipiélago.
Con los referentes superiores del Marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, el nuevo documento se adapta a las particularidades propias del tejido socioeconómico de la comunidad canaria y actualiza el anterior texto de competencia autonómica tras su positiva conclusión durante el periodo 2015-2020.
También se alinea con otras estrategias en materias fundamentales como igualdad sexual, salud mental, seguridad vial, cambio climático o la Agenda Canaria 2030 para la consecución progresiva de los Objetivos de Desarrollo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), además de ordenar las diversas actuaciones de los diferentes agentes en la prevención laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Icasel, patronales, sindicatos y mutuas colaboradoras) en una tarea participativa para una mayor eficacia.
Para la finalidad última de conseguir unos entornos de trabajo más seguros y saludables, el texto normativo marca seis objetivos estratégicos: Mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; mejorar las condiciones de seguridad y salud de las personas ante las nuevas formas de trabajo (automatización o teletrabajo), los cambios demográficos y climáticos.
También promocionar la gestión de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y micropymes; promover la salud en el trabajo e introducir la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales; potenciar el papel de las administraciones públicas, los interlocutores sociales y la implicación de las empresas y población trabajadora en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo; e impulsar la formación y divulgación del conocimiento en prevención de riesgos laborales que permita una mayor cultura preventiva.
Además de los seis principales, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece 32 objetivos operativos y 117 líneas de actuación, que se desarrollarán mediante planes de actuación con carácter anual durante el próximo lustro a través del Icasel, con la participación también de patronales y sindicatos para quienes se ha previsto una aportación anual de un millón de euros (250.000 euros a cada entidad), para la aplicación concreta de las diversas iniciativas.
180.000 euros más a la integración de jóvenes extutelados
El Consejo de Gobierno ha autorizado el incremento en 180.000 euros a la línea de actuación Integración social de jóvenes extutelados y en dificultad social, que gestiona la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
El objetivo es hacer frente a los fines de los Proyectos de Integración Social destinados a personas jóvenes o en riesgo de exclusión social por su condición de extutelados y en dificultad social.
A través de estos programas, se promueve la integración social y emancipación de jóvenes extutelados y extuteladas como menores bajo medida de amparo que, al cumplir la mayoría de edad y revocarse dicha medida, se quedan en situación o riesgo de exclusión social al no tener la posibilidad de integración normalizada en su núcleo familiar, ni autonomía personal y económica suficientes para llevar una vida independiente.
De esta forma, mediante estos programas se busca ofrecer apoyo y acompañamiento socio-educativo a los y las jóvenes en el proceso de obtención de su autonomía personal, social y económica; favorecer su formación e inserción laboral para lograr su promoción personal y emancipación; promover su participación activa en la elaboración y consecución de los objetivos planteados en sus Planes Individuales de Emancipación y potenciar la capacidad de sus usuarios para gerenciar sus sentimientos, relaciones y conductas.
Destinarán 71,1 millones de euros a Grantecan
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el gasto plurianual destinado a la tramitación de un convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma para la financiación de la sociedad mercantil Gran Telescopio de Canarias (Grantecan) hasta 2030. En el convenio previsto, el Estado aportará 47,8 millones de euros y la Comunidad Autónoma 23,3 millones.
Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, la tramitación administrativa continuará a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y se formalizará el convenio con el Estado, que prevé un incremento anual de la financiación en el periodo 2023-2030. En ese documento, el Gobierno de Canarias se comprometerá a la estabilidad en la financiación de las instalaciones.
El Grantecan se enmarca dentro del mapa nacional de Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS). La construcción del telescopio se dio por finalizada en el año 2009 y actualmente la actividad de la empresa está centrada en su operación diaria, el mantenimiento de las instalaciones y el permanente desarrollo para aumentar sus capacidades.
El proyecto que culminó con la construcción del mayor telescopio óptico del mundo y tiene tres sedes: el telescopio Gran Telescopio de Canarias, en el Observatorio del Roque de los Muchachos del municipio de Garafía (La Palma); su centro de operaciones, ubicado en el municipio de Breña Baja (La Palma), y sus oficinas y sede social, en el municipio de La Laguna (Tenerife).
Hasta la fecha no se había firmado convenio alguno entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado en relación con el Grantecan.
La atención de personas en exclusión social recibirá 2,2 millones
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto relativo a la suscripción del concierto social para la realización de acciones dentro del Programa Integra, destinado a la integración de personas en situación de alta exclusión y con 2,2 millones de euros.
El concierto social es una fórmula prevista en la Ley de Servicios Sociales de Canarias y regulada por decreto que permite la prestación de servicios sociales de manera reservada a entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con carácter plurianual, con lo cual se garantiza la estabilidad de las plantillas de dichas entidades y la continuidad de la intervención social con las personas usuarias.
El objeto del concierto que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud sacará a concurso, al que podrán optar entidades sociales que cumplan los requisitos establecidos en los pliegos, contempla la realización de actividades de inclusión social con personas en situación de alta exclusión que son o han sido beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la Renta Ciudadana, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los programas que los sustituyan o completen en el futuro.
De esta forma, el concierto social contempla el acuerdo de financiación con carácter plurianual, estableciéndose las siguientes cuantías por anualidades: 277.467,13 euros en 2023; 987.667,98 euros en 2024 y 1.016.111,52 euros en 2025.
El concierto contempla un periodo de ejecución del 1 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2025, existiendo la posibilidad de dos años de prórroga.
Destinan 2,7 millones a la prórroga del servicio de limpieza en los centros de Atención Primaria de Tenerife
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves a la Consejería de Sanidad a prorrogar la prestación del servicio de limpieza de los centros sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, del Servicio Canario de la Salud, que actualmente realiza la empresa TRAGSA a través de un encargo a medio propio personificado.
La nueva prórroga tiene un plazo de vigencia de seis meses, comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023, y un presupuesto de 2.720.474 euros, sin IGIC, condiciones que han sido aceptadas por la empresa.
La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife garantiza así la continuidad de un servicio esencial para el desarrollo de la actividad asistencial en su red de centros de salud y consultorios locales.
Los encargos a medios propios personificados están regulados en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y constituyen un instrumento a disposición de las administraciones públicas para ejecutar de manera directa prestaciones propias de los contratos, como el de servicios.
Sanidad contratará por 3,9 millones el servicio de asistencia técnica para el Centro de Servicios TIC del SCS
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a destinar 3.936.728,81 euros a la contratación del servicio de asistencia técnica necesario para dar soporte a los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información y comunicaciones corporativas del Servicio Canario de la Salud.
La contratación de este servicio resulta indispensable para dar soporte técnico a los puestos de trabajo de los Servicios Centrales y Direcciones Generales del SCS, a los usuarios de los servicios digitales de salud (miSCS), a los Centros de Proceso de Datos de los Servicios Centrales, así como a los sistemas de información y comunicaciones corporativas, especialmente del ámbito asistencial, de las Gerencias de Atención Primaria y Especializada.
El contrato de asistencia técnica vigente fue suscrito el 1 de enero del año 2018 con un plazo de vigencia de 36 meses y con posibilidad de prórroga por otro período similar, que finaliza el 30 de noviembre de este año.
El nuevo expediente de contratación se tramitará por procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, para un período de 24 meses, comprendidos entre las anualidades de diciembre de 2023 a noviembre de 2025.
El presupuesto base de licitación asciende a un total de 3.936.728,81 euros, a razón de 3.679.185,80 euros, más 257.543,01 euros de IGIC.
Involcán recibirá 250.000 de euros del Gobierno de Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves una transferencia por un importe de 250.000 euros de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a instancia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), para su línea de actuación Involcan. Estrategia Canaria para la reducción del riesgo volcánico.
La autorización de esta aportación dineraria a Involcan cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias y el informe de las oficinas presupuestarias de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Esta operación está regulada en la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 -artículos 10, 16, 17.1 a) y 22.1 b)-, la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de Canarias -artículos. 54 y 60.b y c)- y la Orden de 3 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre tramitación de determinados expedientes de modificaciones de créditos y otras actuaciones con repercusión presupuestaria.
Involcan es una entidad que tiene por finalidad contribuir a la mejora de la gestión del riesgo volcánico en Canarias, la única región volcánicamente activa de España con riesgo volcánico, y la optimización de la gestión de los numerosos beneficios que conllevan convivir en un territorio volcánico (recursos geotérmicos, geoturismo, etc.). Su misión y visión tienen como propósito el contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, así como de otras regiones volcánicas.
El Gobierno de Canarias invertirá 8,2 millones en la construcción de 65 viviendas protegidas en La Orotava
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha aprobado este jueves la autorización del gasto de 8.231.979 euros para poner en marcha la contratación de las obras de construcción de 65 nuevas viviendas protegidas, incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, en el barrio de San Antonio, en el municipio tinerfeño de La Orotava.
Tras la autorización, se estima que la licitación de las obras pueda estar publicada en la plataforma de contratación el próximo mes de mayo.
Esta nueva promoción se enmarca en los objetivos del programa de construcción del Plan de Vivienda y se suma a las otras tres obras que ya están en marcha para edificar 124 viviendas protegidas nuevas en las islas, a las que se añadirá en los próximos meses otra promoción de 134 viviendas más en la isla de Lanzarote.
Las nuevas viviendas de la promoción San Antonio I, en el barrio homónimo de La Orotava, se edificarán en una parcela cedida al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), destinada a la construcción de dos promociones de 65 viviendas protegidas de promoción pública, una de las cuales ya se terminó y se entregó a los demandantes de vivienda en 2015.
La parcela que albergará esta nueva promoción tiene una superficie de 3.393 metros cuadrados y se localiza en la zona conocida como ‘Urbanización Barbuzano’.
La promoción San Antonio I se distribuirá en dos edificios de viviendas de cuatro plantas de altura, organizados en dos portales cada uno, con escaleras y ascensores independientes, distribuyéndose las viviendas en cuatro plantas de altura sobre la rasante de la calle, una planta de garaje en semisótano y una semiplanta de sótano destinada a trastero, recoge una nota del Ejecutivo.
Las viviendas tendrán de uno a cuatro dormitorios y se proyectan dos viviendas reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) en la planta baja y una vivienda reservada para piso tutelado es la vivienda compuesta por cinco dormitorios.
Cada edificio contará con un depósito de agua contraincendio, así como dos depósitos de agua para abastecimiento, uno para cada portal, con sus correspondientes hidrocompresores y se proyecta también un itinerario adaptado hasta las viviendas reservadas a PMR desde cada planta de garaje a través del ascensor.
El presupuesto base de licitación de las obras asciende 7.483.617 euros, pero se reserva casi un millón más para liquidar las obras cuando estén terminadas y a hacer frente a posibles imprevistos.
