El Gobierno de Canarias considera que el procedimiento de la condonación de la deuda se ha hecho con poca transparencia y negociándolo únicamente con Cataluña
Canarias ha presentado las alegaciones al anteproyecto de ley que condona algo más de 80.000 millones de deuda a las comunidades autónomas y en el caso de las islas, 3.259 millones.
El Ejecutivo canario ha cumplido así en tiempo y forma con el plazo de un mes que tenía para contestar al trámite de audiencia abierto por el Estado tras aprobar el anteproyecto de ley para la condenación de la deuda en Consejo de Ministros el 2 de septiembre.
El Gobierno de Canarias tiene la esperanza de que el archipiélago no salga perjudicado en este procedimiento y confía en que finalmente no se tenga en cuenta el Régimen Económico y Fiscal (REF) en el cómputo de la quita al archipiélago, lo que supone 1.700 millones menos de condonación.
Las alegaciones formulan observaciones sobre la metodología empleada al considerar que no guarda el debido equilibrio y la equidad interterritorial, penalizando a las comunidades autónomas que como Canarias han mostrado un mejor comportamiento en la sostenibilidad de sus finanzas públicas.
Además, desde el Ejecutivo canario se denuncia la falta de transparencia de una medida que se ha negociado únicamente con Cataluña y que puede sentar un «peligroso precedente» para al reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, según apuntó este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Canarias mantuvo su deuda controlada
Cabello subrayó que «perjudica en especial» a Canarias al «imponer un límite cuantitativo para la asociación de la deuda por el Estado del 50%», lo que desde el Gobierno canario creen que «constituye una medida totalmente discriminatoria y afecta especialmente» a la comunidad, que «había hecho las cosas bien a lo largo de los últimos años, incluso por diferentes gobiernos».
Cabello ha incidido en que Canarias «había hecho la tarea, había mantenido su deuda controlada y ahora», con esta condonación «acordada y alterada unilateralmente por parte del Gobierno del Estado con Cataluña», se viene a «alterar, de una manera muy significativa», lo realizado hasta ahora.
De este modo, indicó que desde Canarias se rechaza la «injusta propuesta» realizada por el Estado, realizando observaciones «muy de fondo» relacionadas, además, «con la transparencia y la trazabilidad del pasivo asumido, especialmente en los casos de la deuda que se encontraba en manos de terceros acreedores y otra técnica normativa».
Para el Gobierno canario este proceso se está realizando «sin la debida transparencia y sin dar toda» la información necesaria para poder seguir realizando aportaciones.
Por último, advierten de que esta medida, «por arbitraria y discriminatoria, podría representar un precedente muy peligroso» para una cuestión que Canarias «lleva reclamando desde hace mucho tiempo», como es la reforma del sistema de financiación autonómico y la de las reglas fiscales, así como de los mecanismos de corrección.
Derivación de menores
Alfonso Cabello además ha reprochado este lunes al Ejecutivo central que «200 días después» del auto dictado por el Tribunal Supremo (TS), en el que se daba 10 días al Estado para atender el hacinamiento migratorio en el archipiélago y asistir a los menores solicitantes de asilo, han salido de las islas 161 y 106 que se encuentran en el Canarias 50 –centro que gestiona el Estado– de los «1.300» que hay actualmente.
A este «descontento» se suma la preocupación por el «mal funcionamiento» del proceso para la distribución a la península del resto de menores migrantes.
Añadió que en base a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería se supone que los menores «deberían de salir –de Canarias– en un periodo de 15 días», sin embargo lamentó que «sigue sin haber salido ninguno».
En este sentido, se refirió a lo ocurrido con el primer «menor» que iba a ser trasladado a Extremadura y con el que, dijo, se produjo «un error a la hora de realizar su valoración», si bien agregó que «ahora de los cinco menores cuyos expedientes anunció la semana pasada el Gobierno del Estado», la Delegación del Gobierno en Canarias, durante el proceso de tramitación, ha observado que había «dos que ya han cumplido los 18 años».
