El Ejecutivo autonómico aprobó este jueves en el Consejo de Gobierno este suplemento extraordinario, que llegará a un total de 42.795 pensionistas de Canarias
El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno al decreto ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria de 250 euros a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos residentes en Canarias.
Este suplemento extraordinario de 250 euros, de carácter único y finalista, llegará a un total de 42.795 pensionistas de Canarias, fundamentalmente de pensiones no contributivas, y también del FAS y LISMI, para lo cual se destinará una partida de 10.698.750 de euros.
Este abono, que se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta de las personas beneficiarias, se aprueba por tercer año consecutivo para las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos al objeto de paliar los efectos sociales derivados de la Covid-19.
La prestación extraordinaria regulada en este Decreto ley se excluirá y no se tendrá en cuenta para el cómputo de rentas al tratarse de una ayuda finalista que viene a compensar los gastos realizados por las personas pensionistas durante el año 2022 derivados de la COVID-19.
Se ha solicitado que la Viceconsejería del Sector Primario control de la Ley de Cadena Alimentaria
El Consejo de Gobierno ha solicitado dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que designa a la Viceconsejería del Sector Primario como el órgano de control de la Ley de Cadena Alimentaria, una propuesta conjunta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
La Viceconsejería del Sector Primario ha sido designada como el órgano adecuado dentro de la estructura orgánica de la Consejería para llevar a cabo el control necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Cadena Alimentaria, que tiene por objeto las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios, informa el Ejecutivo.
Las actuaciones de control tendrán por objeto el examen, comprobación e investigación de las obligaciones impuestas a los operadores de la cadena alimentaria por la Ley, así como la determinación de la comisión de posibles infracciones en materia de contratación alimentaria.
Estas actuaciones se llevarán a cabo por personal funcionario debidamente acreditado por la autoridad de ejecución, que tendrán la condición de agentes de la autoridad.
Las actas tendrán el carácter de documento público y harán prueba de los hechos que en ellas se recojan. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución en los procedimientos sancionadores en materia de contratación alimentaria será de seis meses contados a partir de la fecha del acuerdo de incoación.
Aprobada una comisión modelo de planificación y Dirección por Objetivos de Canarias
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de una comisión de trabajo para la elaboración de un borrador del modelo de referencia de planificación estratégica y Dirección por Objetivos (DPO) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de sus organismos y sociedades mercantiles públicas vinculadas o dependientes.
La Agenda Canaria 2030 insta a las administraciones públicas canarias a avanzar hacia la cultura de la planificación y la implantación de sistemas normalizados de gestión basada en resultados en pro de la eficacia de las políticas públicas.
Esta invitación la hizo suya el Gobierno de Canarias, adoptando, antes incluso de que la Agenda Canaria 2030 viese la luz, un sistema simplificado de DPO, asegura el Ejecutivo.
Este sistema simplificado implantado en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus organismos públicos vinculados o dependientes se ha erigido como una herramienta fundamental en el impulso progresivo de la cultura de la planificación y la gestión basada en resultados, todo ello con el fin último de impulsar los objetivos y metas comprometidos en la Agenda Canaria 2030 y, por esta vía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ese sistema simplificado de DPO formaba parte de una primera fase, la que se cierra durante este 2023 y que ha permitido, entre otras cosas, alinear la agenda de acción política del Gobierno durante el trienio 2021-2023 con las dimensiones, retos, prioridades de actuación y metas de la Agenda Canaria 2030.
Este documento, denominado «Plan de Acción 2021-2023 del Gobierno de Canarias. Conjunto de instrumentos de planificación e iniciativas legislativas y normativas para el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030«, está siendo objeto de revisión por parte de todos los equipos de trabajo implicados en el proceso con un doble propósito.
Por un lado, ofrecer al conjunto de la ciudadanía a finales de marzo o principios de abril próximos una versión mejorada del Plan de Acción 2021-2023, a modo de rendición de cuentas.
Segundo, identificar los pasos que deben darse y las cuestiones que hay que mejorar para consolidar este proceso, lo que conecta de forma directa con el acuerdo de Gobierno de hoy.
Ahora es necesario avanzar en la definición de un esquema completo de DPO, que deberá desplegarse durante la próxima legislatura y estar perfectamente alineado con la programación presupuestaria y los avances que se están dando en el proyecto de implantación de un sistema de Presupuestación Orientado a Resultados (POR).
En paralelo, y con el objeto de facilitar la puesta en marcha de esta segunda fase en el arranque de la XI Legislatura, en la sesión del Consejo de Gobierno de hoy se ha mandatado la elaboración de un diagnóstico institucional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, preparatorio del proceso de planificación del periodo 2024-2027.
Este informe será elaborado por cada departamento del Gobierno, facilitará información suficiente sobre la situación de partida en clave de recursos y capacidades disponibles y deberá estar concluido antes del 30 de junio de 2023.
El Gobierno apoya una excepción parcial del uso del tacógrafo en Canarias
El Gobierno de Canarias ha pedido a la Administración Central que estudie la posibilidad de aplicar en las islas excepciones parciales en la norma que obliga a los transportistas el uso del tacógrafo.
El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha indicado que el Consejo de Gobierno ha apoyado las gestiones que el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, comenzó hace cuatro meses para que se puedan realizar esas excepciones requeridas por los empresarios y por los sindicatos.
Pérez ha recordado que el tacógrafo es la «caja negra» del vehículo en la que se registran todos los datos del viaje pero ha precisado que esta norma europea también recoge excepciones en su uso obligatorio como ocurre en Baleares.
Entre los motivos que establece la norma para autorizar esas excepciones se encuentran el tipo de vehículo, la mercancía o la distancia recorrida y en el caso de las islas se establece esa excepción por tener recorridos muy limitados, ha explicado Pérez.
El consejero de Transportes, Sebastián Franquis, explicará este viernes en rueda de prensa la propuesta del Gobierno de Canarias sobre este asunto.
Por su parte, representantes de UGT e Intersindical Canaria han manifestado este jueves en relación con el paro del transporte del próximo lunes que no puede haber un tacógrafo «a la carta» y han insistido en que quitarlo o modificar el régimen sancionador, como pretende la patronal, es dar «vía libre» a los empresarios para infringir los derechos laborales.
